Cambiar el programa

El pasado mes de abril el Gobierno presentó en la Comisión Europea el Plan de Estabilidad 2014/2017. El objetivo es la reducción del déficit público en un periodo de cuatro años. ¿Cómo se puede materializar? Actuando sobre los ingresos o los gastos o ambas cosas a la vez. En el año 2013 España tenía un déficit público del 6,6%, los ingresos suponían el 37,8% del PIB, cuando los gastos marcaban el 44,4% del PIB. El objetivo es alcanzar al final del cuarto año un déficit del 1,1%, prácticamente es acercar a la igualdad el nivel de gastos a la recaudación tributaria de ingresos. Se parte de la hipótesis de aumentar la recaudación en un listón máximo de 10.000 millones de euros para los cuatro años y reducir el gasto público en 50.000 millones de euros para ese periodo. La pregunta es evidente ¿a quién se le pedirá ese esfuerzo? A sectores básicos de la Administración Pública (servicios y prestaciones): educación, sanidad, servicios sociales, pensiones, gastos de desempleos, medio ambiente, empleados públicos. Unos harán un mayor esfuerzo y otros un esfuerzo menor. Pero en definitiva tendrán que realizar ese esfuerzo para reducir ese nivel de gastos ¿quién no bajara el gasto? El pago de los intereses de la deuda que se estima crecerá en un 12% para ese periodo.

Ustedes se preguntaran ¿los niveles de gastos e ingresos públicos en España son mayores, menores o iguales al resto de la Europa comunitaria?, la respuesta es que a niveles de gastos estamos en la media de la U.E., luego nuestro diferencial con Europa está en los ingresos. Pero no porque tengamos una presión fiscal por debajo de la media europea. Tenemos unos tipos impositivos en nuestro sistema tributario de niveles/medios/altos. ¿Por qué recaudamos menos? Por el fraude fiscal que nos lleva a recaudar 8 puntos por debajo de la media europea y porque algunas sociedades se acogen a tantas ventajas y excepciones legales que les permiten una muy baja tributación.

Ello nos lleva a una conclusión, si estuviéramos en esa media europea de recaudación, no sería necesario ese sacrificio, ese Programa de Estabilidad sería otro. Los grandes defraudadores legales, de actividades en territorio nacional que se les permite ventajas fiscales injustas, aquellos otros que se acogen a admitías fiscales que no deberían premiar, estimular. Olvidándose de los que no tributan al ser sus actividades económicas producto del delito, etcétera, etcétera.

Esos sectores anteriormente señalados en mayor o menor medida van a continuar financiando la crisis económica, permanecerán muchos de ellos, amarrados a controlar al máximo sus niveles de ingresos, van a ser penalizados con total seguridad. Mientras otros continuaran escapando. Cuando la solución está al alcance de quien lo quiera ver. Está en hacer pagar más a los que más tienen, hacer pagar más a los que más defraudan, hacer pagar más no a los que están pagando, hay que obligar a los que no pagan en razón a sus ingresos, pagan muy poco, e incluso, algunos con elevados ingresos le devuelven. No aplique usted admitías fiscales, persígalos, no le dé facilidades.

Desmenuzar el contenido del programa no resulta nada fácil dada su contenido y extensión, más de 100 páginas, pero si observamos pequeños detalles que pueden afectar a importantes colectivos de personas, se deducen resultados extraños. Por ejemplo se habla que el sistema de pensiones generara un incremento de gastos para el periodo de los cuatro años de un 0,25%. Ese es un incremento de gasto insignificante que evidencia el importe de subida de pensiones del 2014 al 2017. Otro dato confuso es el gasto estimado para las prestaciones por desempleo por importe de 6.000 millones de euros para ese periodo de cuatro años. Una simple división, en el que el dividendo es la partida estimada del gasto destinado al periodo, y el divisor el número de parados cuantificado en un promedio, nos llevaría a resultados desconcertante. Si partimos de la hipótesis que el contingente de parados de larga duración es valorado en 3 millones para el periodo (por entradas y salidas de esa situación) y que el resto de contingentes de parados los llevamos a una tasa cero de desempleo. Esa sencilla división nos llevaría a un promedio de distribución de esos recursos de una ayuda de 2.000 euros por desempleado para cuatro años. Lo que significa una ayuda promedio de 500 euros al año por desempleado. Esos datos y esas cifras evidencian que importantes colectivos se verán afectados con esas reformas de reducción de gastos en 50.000 millones de euros. El siguiente cuadro de previsiones en la evolución del déficit público, señalando en porcentaje de PIB lo que representan los ingresos fiscales con los gastos públicos.

En el año 2013 el desfase entre ingresos y gastos nos lleva a un déficit del 6,6% y las previsiones del Programa, nos lleva año tras año hasta llegar al 2017, a recortar porcentajes de gastos importantes, con muy pequeños aumentos de ingresos fiscales, para alcanzar al final del camino ese déficit del 1,1%. Ese esfuerzo a la población española se va a notar bastante- mucho para algunos colectivos. Está claro que del déficit hay que pagarlo y el no hacerlo sería perder la credibilidad para toda la vida. Lo que se debía haber logrado es una negociación para alargar el esfuerzo del país no en cuatro años. Aunque está va a ser una cuestión inamovible o de dificilísima minoración en el tiempo, independientemente de quien gobierne, aunque no es lo mismo reducir el gasto de un lado que de otro, y tampoco es lo mismo, mantener el porcentaje límite de ingresos fiscales sobre el PIB del 39% que subirlo. Aquí si hay margen de maniobra para un Gobierno.