Tiene toda la razón del mundo la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al reclamar un debate en profundidad en torno a la Justicia, ese poder que, a juicio de tan estentórea regidora municipal, no ha experimentado los sanadores y democratizadores efectos de la transición. Lo malo es que, estando de acuerdo en la necesidad del debate, no lo estamos en los motivos que conducen a la señora Barberá a reclamarlo. Porque mientras que una gran parte de la ciudadanía comparte que la justicia real funciona decentemente en España, la que esta aún acartonada por el almidón y por las influencias de las alturas, por la que hemos dado en llamar la contaminación del canapé, anda sumida aún en una visión más cercana a los privilegios de los dintiguidos que a la proclamada e irrenunciable igualdad de todos los justiciables ante la Ley. No puede ser que alguien del PP en la Comunidad Valenciana tenga el cuajo de salir a la opinión pública a hablar de que alguien utiliza a la Justicia en contra de ese candoroso partido. Porque cualquiera que conozca lo que históricamente ha pasado en esa autonomía con los casos del PP sabe que más bien siempre ha sido al contrario. Analicemos un par de casos, para que ustedes se hagan una idea y, de paso, apliquen las correspondientes translaciones.