Insistimos en que lo de Consumo es solamente la punta del iceberg de lo que es una práctica demasiado extendida en la Administración autonómica canaria. Los expedientes sancionadores que se abren en los departamentos con esas potestades sufren desigual suerte, si bien parece una constante que muchos acaban en la caducidad y, por lo tanto, en la amnistía de los sancionados. Los hay en Comercio, donde las infracciones más frecuentes son las ventas a pérdidas o el exceso de superficie por encima de lo autorizado; los hay en Salud Pública, donde la condonación de las sanciones repercute directamente en la caja de la sanidad canaria por ser el único departamento que está autorizado a quedarse con esa recaudación. Y los hay a porrillo en la Consejería de Turismo, sobre cuya gestión hay llamativos informes, no sólo en la Inspección General de Servicios, sino en algún nutrido sumario judicial.