Otorgar una beca con dinero público a un hijo no es lo más edificante que puede hacer un político. Porque las tales becas, según las bases que figuran en la misma web de la fundación que en aquellos momentos presidía Antonio Alarcó, explican que las propuestas deben ser analizadas por un jurado compuesto “por siete personas de las cuales el presidente será el titular de la Fundación Canaria de Salud y Sanidad del Cabildo Insular de Tenerife o persona en quien delegue”. O sea, que el padre del joven doctor Alarcó fue el que determinó que su hijo, cirujano plástico de profesión, reunía las condiciones exigidas en las bases para hacerse con esa beca, de un máximo de 3.900 euros y una duración no superior a tres meses. No creemos en absoluto que la familia Alarcó pueda tener problemas para costear una formación de ese tipo ni otra cualquiera mucho más onerosa por tratarse de profesionales de reconocido prestigio y una trayectoria profesional reconocidísima. Lo que nos lleva a la terrible conclusión de que algunos se convierten en auténticos patanes cuando toman posesión de una poltrona, que administran como si del cortijo particular se tratase. Convendría ahora analizar la gestión de pacientes de hospitales públicos derivados a la sanidad privada tinerfeña. ¿O una petición así también tropieza con la moral y las buenas costumbres?