A esto llaman lealtad institucional

Esto no tiene remedio. Ni con un reseteo. El Gobierno de España ha propinado en tan solo 48 horas dos patadas en la boca al de Canarias sin la más elemental lógica y sin el menor respeto a los principios básicos de la lealtad institucional. La primera, de la que informábamos desde ayer, la prohibición “por falta de cobertura legal” de la visita que tenían programada los jueces y fiscales que desde hoy se reunirán en Meloneras en torno al Foro de los Derechos Humanos y la Inmigración, una especie de escuela de formación destinada a que los que tienen que impartir justicia conozcan pormenorizadamente los instrumentos, las experiencias, los recursos públicos y la última hora de un fenómeno que, aun habiendo decrecido, sigue siendo de importancia en un país frontera como es el nuestro. La segunda patada, el extravagante recurso contra la decisión de devolver a los funcionarios de Canarias una parte de la paga extra indebidamente retenida en 2012, a pesar de las resoluciones judiciales dando la razón a los trabajadores públicos y a pesar de que el mismo ministerio de Montoro, pero en su vertiente de Administraciones Públicas, había autorizado el abono. La perreta del Gobierno de España se agrava con la petición en su recurso de “medidas cautelarísimas” con las que pretende que los funcionarios devuelvan el dinero en lo que los tribunales entran en el fondo de la cuestión. Pero vayamos por parte.

Una desautorización al CGPJ

La decisión del secretario de Estado de Seguridad de no autorizar la visita al CIE de un grupo de jueces y fiscales es un disparate descomunal. Primero, por las razones esgrimidas: “falta de cobertura legal”, es decir, por la ausencia de una regulación legal específica sobre este tipo de autorizaciones, lo que contraviene radicalmente el principio del Estado de Derecho de que todo lo que no está prohibido, está permitido. Pero la burrada se agrava ante otros hechos en presencia nada baladíes. Primero, que los interesados en visitar el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco no son los alumnos de Primero de la Eso del instituto de Escaleritas, sino una treintena de jueces y fiscales. Y, a mayor abundamiento, juristas todos ellos que no pretendían visitar el recinto en gira turística, sino en el contexto de un curso sobre inmigración y derechos humanos. En otras ocasiones en que el foro de jueces se celebró en Madrid no hubo ningún impedimento para girar visita al CIE de Aluche, en situación mucho menos presentable que el de Barranco Seco. Pero por si la decisión de Interior es disparatada por todos estos argumentos y por el feo institucional que se provoca al Gobierno de Canarias, anfitrión y co-organizador del curso, peor es que un poder del Estado como el Gobierno de España desautorice a otro poder, el judicial, encarnado aquí por el Consejo General del Poder Judicial, el otro organizador del foro, que queda en esta fotografía en una situación más que embarazosa. Y, por delante del órgano de gobierno de los jueces, el hasta ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro, director del curso, que se marcha a Madrid a presidir la Audiencia Nacional con una coz marcada en una de sus nalgas para que vaya aprendiendo cómo las gastan los otros poderes a los que se va a enfrentar a partir del lunes en la capital.

Los contratos de Águeda Montelongo

Está la mar de contenta la diputada del PP Águeda Montelongo con la situación de ingobernabilidad que se ha instalado en la Radiotelevisión Canaria a raíz de las últimas resoluciones judiciales y la espantada que han anunciado dos vocales de su consejo de administración, los muy alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y de Puerto de la Cruz, José Manuel Bermúdez y Marcos Brito, respectivamente. Encargada por Soria de desmantelar la tele pública canaria hasta el límite mismo del ridículo, a Montelongo se le hace la boca agua con solo pensar en los contratos de la era Willy García que asegura va a revisar, uno a uno, a ver si logra encontrar alguno que pueda servirle para ir corriendo a la Fiscalía. Ya saben que al partido más corrupto de la historia reciente de España le vuelve loco un escándalo que contribuya de alguna manera a tapar los que ya tiene, y hasta Willy García puede servir para ese propósito. Pero Montelongo tiene un pasado, y a él se dedica con denuedo el actual Gobierno de Canarias, sabedor de que con escarbar un poco seguro que encuentra algo con lo que sacar los colores a la parlamentaria majorera. Si es que tiene colores, porque por lo que hemos visto hasta ahora, ni siquiera su imputación en el caso Patronato le provoca el menor sonrojo ni el natural impulso de dejarse de boberías y traspasar a otro compañero ese cáliz del ventilador. Ya ha caído en nuestras manos un suculento contrato firmado por la señora Montelongo con la consultora KPMG que dejaría en pelota viva cualquier otro que pudiera considerarse desproporcionado, lesivo y chiripitifláutico.

1,7 millones para KPMG

En octubre de 2004, siendo consejera de Empleo y Asuntos Sociales nuestra Águeda Montelongo, y director del Servicio Canario de Empleo ese manojo de nervios que es Claudio-Alberto Rivero, actual mano derecha del alcalde Cardona, se abrió procedimiento de adjudicación para un contrato de consultoría y asistencia para la realización de “trabajos de evaluación de los programas y los servicios ocupacionales”. Para dos años de trabajo, dos, es decir, 2005 y 2006, la señora consejera consignó nada menos que 1,7 millones de euros, 850.000 euracos por ejercicio. Una cantidad que se nos antoja de antemano algo elevada si tenemos en cuenta que ahora el PP está poniendo el grito en el cielo por que se adjudique el mismo trabajo a Deloite por 75.000. Pero hay más curiosidades en este expediente de KPMG. Por ejemplo, que la adjudicación del contrato se publicara el 23 de mayo de 2005, citando como fecha real del acto administrativo el 18 de febrero. Pero ya aquel 23 mayo hacía una semana que el mismo Boletín Oficial de Canarias había publicado la destitución de todos los consejeros del PP al romperse el pacto que hasta entonces tenían suscrito José Manuel Soria y el desaparecido Adán Martín. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en publicar una adjudicación? ¿No quería el PP que se conociera esta desmesura de contrato? ¿Por qué se mantuvo en la secretaría general técnica a Claudio guión Alberto hasta un mes más tarde, el 14 de junio?

Se hicieron otros trabajos

Un informe elaborado en 2008 por el Gobierno refleja, sin embargo, que a KPMG se le habían encargado otras cosas, además del enunciado propio del concurso (“trabajos de evaluación de los programas y los servicios ocupacionales”), todos ellos referidos al área de empleo. Pero, siempre según ese informe, sólo se ejecutaron diez de ellos, lo que se tradujo en que la consultora sólo cobrara 838.393,83 euros, y no el millón setecientos que se pretendía. Solo uno de esos informes, por el que se pagaron casi 68.000 euros, iba referido al objeto del concurso. Es decir, que sólo un 3,9% del importe total del contrato se dedicó a su objeto, lo que equivale al 8% de todo el importe desembolsado por la Administración. La explicación que se encontró en 2008 fue la siguiente: “En el momento de la realización del estudio [de evaluación de las políticas de empleo] era inviable plantearse un estudio óptimo de evaluación por carecer de los medios técnicos necesarios (base de datos de SISPECAN, con todos los beneficiarios de las actuaciones)”. Es decir, que se encargó un trabajo que no se podía realizar. Siendo así las cosas, ¿a qué vino tamaño contrato? ¿Tendrá que ver esa “carencia de medios técnicos necesarios” con las acusaciones del PP de falta de control sobre el dinero invertido en programas y servicios ocupacionales? Águeda, nuevamente, en su laberinto.

Este se nos escapó ayer

Perdónenos el amable lector, pero en nuestra galería de personajes irrepetibles que publicamos ayer se nos olvidó involuntariamente incluir a este de la foto. Se llama Ayoze Hernández Rodríguez, y en su carta de presentación dice que es “miembro de la Vicesecretaría de Política Municipal del Partido Popular de Telde, y responsable de Política Supramunicipal y Cooperación Institucional”, suponemos que de la misma organización política. Hemos dado con él gracias a que nuestros compañeros de Telde Actualidad le publicaron un artículo (desafortunadamente con ese término se puede llamar cualquier cosa) en el que el inquieto militante pepero hace un patriótico canto a la unidad de la nación española y a lo cojonudo que es el partido que lo ha acogido en su seno, el único, según sus palabras, capaz de sacarnos de este atolladero de la crisis en la que nos metieron losmardito roedore de la izquierda. La foto no es del artículo, la foto con la que ilustramos este comentario está en el Facebook del señor Hernández Rodríguez, porque la que publicó en el referido diario teldense es un autorretrato (selfie lo llaman ahora) posando muy serio y en escorzo. No sabemos si explicar a nuestros lectores quién es el señor calvo y con bigote que aparece retratado a su lado, ni el significado exacto que tiene que el militante popular teldense pose serio y con el pulgar en alto. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y que las saque el PP de esa ciudad, si encuentra un hueco para la meditación profunda.

Esto no tiene remedio. Ni con un reseteo. El Gobierno de España ha propinado en tan solo 48 horas dos patadas en la boca al de Canarias sin la más elemental lógica y sin el menor respeto a los principios básicos de la lealtad institucional. La primera, de la que informábamos desde ayer, la prohibición “por falta de cobertura legal” de la visita que tenían programada los jueces y fiscales que desde hoy se reunirán en Meloneras en torno al Foro de los Derechos Humanos y la Inmigración, una especie de escuela de formación destinada a que los que tienen que impartir justicia conozcan pormenorizadamente los instrumentos, las experiencias, los recursos públicos y la última hora de un fenómeno que, aun habiendo decrecido, sigue siendo de importancia en un país frontera como es el nuestro. La segunda patada, el extravagante recurso contra la decisión de devolver a los funcionarios de Canarias una parte de la paga extra indebidamente retenida en 2012, a pesar de las resoluciones judiciales dando la razón a los trabajadores públicos y a pesar de que el mismo ministerio de Montoro, pero en su vertiente de Administraciones Públicas, había autorizado el abono. La perreta del Gobierno de España se agrava con la petición en su recurso de “medidas cautelarísimas” con las que pretende que los funcionarios devuelvan el dinero en lo que los tribunales entran en el fondo de la cuestión. Pero vayamos por parte.

Una desautorización al CGPJ