Tenemos unas administraciones públicas en esta nacionalidad que claman al cielo. No es de extrañar, a la vista de lo que ocurre, que el personal refleje en las encuestas un profundo desencanto y se quede prendado con Rosa, la de Operación Triunfo, o con el primer telepredicador que asoma por la caja tonta. Al jefe de los servicios jurídicos del Cabildo, Carlos Trujillo, sólo le faltaba echarse a llorar este martes al comprobar que los tres años de batalla jurídica que esa institución pública ha entablado contra una licencia que consideraba ilegal ha sido una solemne pérdida de tiempo. Y de dinero de todos los contribuyentes, aunque en esta nacionalidad (suenen timples y chácaras, plis) todavía no evaluamos estas cosas como hacen en las películas norteamericanas. La licencia que el TSJC ha tumbado en Triana ya estaba tumbada por otra nueva licencia concedida en el mismo sitio pero a distinto promotor. Un ejemplo de descoordinación absoluta entre las administraciones y una violación del principio constitucional que las obliga a entenderse en beneficio de la eficiencia y la eficacia que se les supone. Lo llamativo del caso no es sólo que el Ayuntamiento haya hurtado al Cabildo esa información, sino que el propio Cabildo haya informado favorablemente esa segunda licencia de la que los servicios jurídicos de la corporación no parecían tener ni pajolera idea. Un nuevo episodio del cotidiano culebrón de esta tierra, donde lo que triunfa es la chapuza y la componenda.