La noticia no solamente fue mala para Cortezo. También lo fue para los nuevos regidores del Ayuntamiento de Arrecife y del Cabildo de Lanzarote, apasionados defensores del icono arquitectónico (poca cosa, un edificio de oficinas y viviendas de alto nivel, un centro comercial y unos aparcamientos) que el empresario grancanario quiere plantar en medio del islote del Francés. El Cabildo, en un pleno muy reciente, acordó, con los votos de esos socios tan pintorescos que devolvieron la corrupción a las instituciones (CC, PP, PIL y PNL), dirigirse a la Autoridad Portuaria para que detuviese ese expediente de desafección del islote del Francés. Los motivos nada tienen que ver, como se podrán imaginar, con una inquietud portuaria de quien no tiene las competencias en la materia. El acuerdo responde más bien al interés de esa mayoría gobernante de que las competencias permanezcan en la Autoridad Portuaria, en cuyo consejo de administración se sienta el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, entre otras personas que bien podrían echar una manita en caso de que se tuerzan las pretensiones sobre el islote.