Durante la tramitación del expediente de Anfi Tauro en el Cabildo (el interés general acaba siendo concedido en octubre de 2005), alguien evacuó consultas informales a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno, donde un irreductible Faustino García Márquez, jefe de servicio, emitió un informe preliminar desacreditando por completo el primer proyecto de la urbanización. Ese informe lo tiene en su poder desde septiembre la juez instructora del salmón, Margarita Varona, unido a un segundo dictamen de García Márquez que vuelve a pronunciarse en contra cuando el expediente entra en el Gobierno, en el año 2006, ya con algunas correcciones introducidas por el promotor. Pero aún así, el expediente de Anfi Tauro sufre un interminable rosario de objeciones técnicas en el Gobierno. A finales de 2006 se captan aquellas conversaciones telefónicas de la operación Góndola en la que el empresario Santana Cazorla, socio de Lyng al 50%, presiona a Domingo Berriel a Adán Martín y al jefe de gabinete de éste, Salvador Iglesias, para que le desbloqueen el proyecto.