Nadie se atreve, más allá de algunas aventuradas conjeturas, a dar por buena alguna salida sólida a la nueva situación generada alrededor del Canódromo, ese insulto al interés general levantado, en forma de un rascacielos en medio del populoso barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria. Una torre a falta de que alguien se atreva ahora, con la que está cayendo, a levantar la otra que el actual alcalde también autorizó en su día cuando era concejal de Urbanismo bajo el mandato de José Manuel Soria, otro reputado experto en defender el interés general exactamente después del suyo propio. La nueva situación del caso Canódromo viene dada por una inquietante sentencia del Tribunal Supremo que ha venido a decirle al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que la suya anulando el plan parcial en esa zona concreta es un auténtico churro, que la vuelva a redactar de nuevo y que se aclare. Un sopapo judicial que obligará a los magistrados locales a repasar el caso nuevamente teniendo en cuenta posibles novedades arrojadas sobre el mismo, como el resultado de aquella comisión de investigación que promovió el alcalde Saavedra y su socia Nardy Barrios para conocer con mayor exactitud en qué consistió el pelotazo y su equivalente en quebranto económico para la ciudad: nueve millones de euros que perdimos entre todos porque al gobierno municipal del PP no se le ocurrió otra cosa que valorar la parcela 2,7 veces más que su valor real para que alguien se forrara por el camino.