Clavijo endurece su discurso liberal

De disparate en disparate hasta el pacto final con el PP. El candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno de Canarias va avanzando sin pausa hacia un discurso indiscutiblemente liberal que sintonice a las mil maravillas con el que históricamente han defendido los populares en las Islas. Este martes repitió comparecencia ante un selecto grupo de empresarios de Gran Canaria en el foro de debates de Canarias7 y volvió a retratarse como un candidato acomodado a los intereses de la patronal, defensor de la desregulación de todo lo que pueda incomodar a los dueños del capital, en una mezcla perversa entre atrevimiento e ignorancia que obligarían a su equipo médico habitual a ponerle al lado de inmediato a un asesor legal. Y no para defenderse de las imputaciones que le hace la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, de las que parece haberse despreocupado tras resignarse a continuar imputado en el mes de enero, sino para que le expliquen lo que es el control de la legalidad urbanística. Porque una de las nuevas ofertas que Fernando Clavijo puso este martes sobre la mesa es la supresión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, más conocida como al Cotmac, muy en sintonía con lo que pidió José Manuel Soria en los tiempos en que fue presidente del Cabildo de Gran Canaria. Desregular para fomentar la inversión, viene a ser ahora el cariñoso argumento que el candidato nacionalista hace sonar en los oídos de los empresarios canarios, históricos peticionarios de la manga ancha en el territorio para que esto se convierta en un erial. El disparate jurídico es de tal calibre que debió haber provocado entre los presentes un par de preguntas de Perogrullo. Por ejemplo, si desapareciera la Cotmac, ¿qué órgano velaría por la legalidad de los planeamientos que aprueben los Ayuntamientos? ¿Puede un Ayuntamiento, en nombre de la constitucionalmente consagrada autonomía municipal, formular un ordenamiento de su territorio y, en el mismo acto, controlar la legalidad de esa misma formulación? ¿Bajo qué criterios de integración en la ordenación territorial de cada isla planificaría su territorio cada municipio?

Lo mejor, modificar las leyes

Porque la Cotmac no está para formular el planeamiento de cada municipio. Eso, como es de general conocimiento, es tarea y competencia exclusiva de los ayuntamientos, que han de someterse a la legalidad vigente, incluida la planificación insular en cada caso y el cumplimiento de la legislación canaria de ordenación del territorio. Un municipio no es una isla dentro de cada isla y no puede ordenarse como si lo que ocurra a su alrededor no le pudiera afectar. En menor medida, la Isla no puede ordenarse desatendiendo criterios estratégicos regionales, que era lo que quería hacer Soria cuando llegó en 2003 al Cabildo de Gran Canaria y empezó a pedir como un descosido que las competencias de la Cotmac recayeran sobre las corporaciones locales. Perreta que se le pasó enseguida en cuanto fue nombrado vicepresidente del Gobierno de Canarias en 2007 y acometió un ataque contra los cabildos y su autonomía como nunca antes (ni después) se había producido. En su cruzada contra el órgano de control de la legalidad urbanística, el hoy ministro no dudó en arremeter también contra los funcionarios gubernamentales: “Lo que no queremos es que el Cabildo elabore un plan insular de ordenación del territorio para que después un grupo de funcionarios nos diga que no les gusta”, los mismos funcionarios en los que se ampara siempre que quiere dar cobertura legal a sus decisiones, cuenten o no cuenten con los informes técnicos y jurídicos favorables. Pero ésa es otra historia. Clavijo quiere agradar a los empresarios, pero para satisfacer la exigencia (en ocasiones bien fundada) de aligerar la legislación territorial canaria, lo que tiene que hacer es exactamente eso: presentarse a las elecciones, conseguir una mayoría suficiente para gobernar y llevar al Parlamento canario una modificación legal que desmonte gran parte del aparataje legal que su propio partido ha ido generando alrededor del urbanismo en estos últimos 20 años, casualmente en compañía del Partido Popular.

El candidato imputado de la regeneración

Ni que decir tiene que en su intervención de ayer ante gran parte del PIB grancanario (quedamos a la espera de verlo explicar sus políticas culturales, sociales, educativas, sanitarias…) Fernando Clavijo negó en todo momento que su discurso esté sirviendo para fraguar un acuerdo con el PP a partir del próximo mayo, siempre y cuando ambas fuerzas políticas logren sumar 31 diputados o más. En el auditorio se sentaban varios dirigentes del PP, como Mari Carmen Hernández Bento, Juan José Cardona o José Miguel Bravo de Laguna, que se marchó pronto para atender otros compromisos. A ellos no les tuvo que alegrar en absoluto oír de boca del candidato su duro alegato contra el petróleo, condicionado, como todo el mundo sabe, a que la polémica se diluya una vez Paulino Rivero abandone la presidencia del Gobierno y Mario Cabrera la del Cabildo de Fuerteventura. Como tampoco debió alegrar a los populares presentes en el foro de Canarias7 el repaso que le metió a su líder, José Manuel Soria, el anfitrión, Juan Francisco García, cabreado como nunca con el ministro por la sarta de insensateces que soltó la semana pasada en el debate de TVE-Canarias. Fue el del petróleo, sin embargo, el único punto de discrepancia que Clavijo largó contra los posicionamientos del PP, al que dejó claro –al igual que a todo el auditorio- que no piensa abandonar su carrera presidencial por las imputaciones que tiene vivas en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna. Su compromiso de renunciar si en enero se mantiene su actual situación procesal se han desvanecido por completo porque, según explicó, cuenta con el respaldo de sus compañeros de Coalición Canaria, a los que les debe estar importando muy poco a estas alturas que cualquier adversario les saque recurrentemente su imputación a lo largo de la campaña electoral. El candidato de la regeneración, decían.

Brufau saca el espantajo

Nada de lo que diga el presidente de Repsol, Antonio Brufau, compadre del ministro de Industria, Energía y Turismo hasta que un derrame los separe, debe caer en saco roto. Sus declaraciones han de ser pasadas siempre por la cerdinera de sus propios intereses y de la estrategia que la petrolera y José Manuel Soria han planteado para llevar a cabo el proyecto de prospecciones en Canarias. Este martes ha dicho que ese impuesto del 8% (más o menos) que el Gobierno de la nación ha creado para primar (ejem) con 300 o 400 millones de euros a Canarias podría poner en peligro la rentabilidad de esa ensalada de frutas que son las cuadrículas de las prospecciones. Debe tratarse de una maniobra de distracción porque en su alegato, Brufau se olvidó de mencionar la suculenta rebaja del 50% en el Impuesto de Sociedades que el mismo Gobierno del mismo compadre ha introducido en los Presupuestos del Estado con especial dedicatoria a las empresas que hagan extracciones petrolíferas en los territorios patrios. Es decir, Repsol. También olvidó el presidente de la petrolera española con mayoría de capital extranjero el importante ahorro económico que le está reportando que sea la Armada española, a la que pagamos entre todos, la que esté prestándole gratuitamente el servicio de vigilancia en aguas internacionales que debía estar llevando a cabo una empresa privada de seguridad con unos barcos, un helicóptero y unas lanchas rápidas que impidan que cualquier pirata español pueda acercarse por allí a perturbar las operaciones.

¿Cuál es la acusación de Águeda?

El Partido Popular debería cuidar mucho algunos detalles cuando toma la decisión de acudir a la fiscalía –con gran aparato mediático- a acusar de “irregularidades” a empresas públicas y privadas. No porque no tenga derecho a hacerlo una vez tramitadas las vías políticas a las que está previamente obligado, sino porque hay unos mínimos de prevención legal y otros mínimos básicos de decoro que deben ser respetados. Por ejemplo. Si se acude ante la Justicia a denunciar una “irregularidad” o varias, hay que ir con algo más que con someras sospechas, dimes o diretes, porque en lo que se convierte la acción es en una pifia monumental. Salvo que lo único que se persiga, claro está, sea un acto propagandístico de esos a los que nos tiene acostumbrados el PP para hacer creer que hay más cera que la que arde. Además, si lo que los populares quieren es denunciar contratos arbitrarios, deben ir a la Fiscalía con todos los que la opinión pública conoce, y no dejarse en el tintero aquellos que pudieran originarle tribulaciones y algún quebradero de cabeza en determinadas plazas. De lo contrario, lo mejor es mantener el debate en el ámbito estrictamente político. Y en cuanto al decoro, debería el partido de José Manuel Soria encargar la pachanga de la foto ante los juzgados a alguien que no esté imputado por malversación de caudales públicos, como es el caso de la diputada Águeda Montelongo, porque los encargados de los archivos fotográficos en los periódicos pueden confundirse al catalogar las fotografías y guardarlas en la carpeta bajo el epígrafe “Montelongo acude a los juzgados a declarar como imputada”. Y eso es una putada. Para el archivero.