A lo largo de las 41 páginas del informe de auditoría de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que no ha hecho puñetera gracia a Javier Sánchez-Simón, se relatan numerosas anomalías, como la inobservancia de las correcciones y recomendaciones de informes de años anteriores en materia de ingresos por dominio público, o la escasa ambición del organismo en la actualización de la llamada “tasa de aprovechamiento especial”. En este punto, página 34 del informe, el interventor se pone especialmente serio al recordar que la ministra Salgado tuvo que dar por caducados en marzo de 2010 88 expedientes todavía pendientes de resolución en el procedimiento de revisión de oficio para su adaptación a la Ley 48/2003. Recalca el auditor que “la Autoridad Portuaria está remitiendo cartas (desde mayo de 2010) a los concesionarios para que aporten los datos que permitan liquidar la tasa” y que “ha iniciado en diciembre de 2010, para trece de más de cien concesiones aún no adaptadas, la adaptación al canon por prestación de servicios al público y el desarrollo de actividades comerciales o industriales”. La delegación de esa competencia se produjo en 2008, y todavía con estos pelos.