El remache llegó desde el Cabildo de Lanzarote ante la licencia de actividades clasificadas, con una autorización en la que, tras afirmar que se trata de un uso no permitido en la zona y que la actividad es molesta por ruidos, vibraciones y humos, gases y olores; insalubre y nociva por vertidos contaminantes, y peligrosa por incendio, se concede arguyendo que “existe una autorización del Gobierno de Canarias fecha 24 de marzo de 1999”. Y todos tan campantes. Unos sesudos investigadores que han descuartizado el expediente y lo han puesto en relación con las leyes territoriales canarias y el Código Penal, han encontrado al menos la comisión de tres delitos en reiteradas ocasiones: prevaricación, falsedad en documento público y contra la ordenación del territorio. Otros de mayor enjundia, como el cohecho, el tráfico de influencias o la asociación de malhechores son imposibles de detectar mediante este procedimiento, por lo que nos quedamos con lo que nos quedamos. ¿Y qué investigadores son esos?, se preguntarán ustedes creyendo que se lo íbamos a decir. Algunos de los investigados ya lo saben, así que si los conocen, pregúntenle a ellos, que nosotros hemos tenido que hacer voto de silencio.