Jaime Cortezo, que debe tener fijación por la zona de servidumbre de protección de Costas, se enfrenta a una envenenada causa por estafa porque a pesar de que la juez de instrucción nunca observó mala fe en el promotor (archivó las diligencias alegando que los compradores debieron enterarse por la prensa de la situación de los chalets) la Audiencia Provincial fue contundente al ordenar a la magistrada la apertura de juicio oral al apreciar fuertes indicios de que la presunta estafa se consumó de manera claramente dolosa. De celebrarse el juicio por imposibilidad de acuerdo previo entre las partes, será interesante escuchar testimonios de personas profundamente conocedoras de la gestación del engaño, y del engaño para tapar el engaño, del que fue actor el ex consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias Julio Bonis. Como les hemos contado aquí, Bonis declaró ante la instructora a favor de su amigo Cortezo y luego confesó haber mentido para salvarlo de la cárcel, según consta en conversaciones grabadas que han sido aportadas a una causa penal paralela. Se celebre o no se celebre el juicio por estafa, Cortezo se enfrenta también a la obligación de demoler los chalets afectados por la sentencia del Supremo que situó en manos del Gobierno de Canarias la responsabilidad de devolver aquel espacio a su estado anterior a la construcción de los chalets. Y si no derriba Cortezo lo hará la Administración subsidiariamente pasándole la correspondiente factura y la multa de rigor al empresario infractor.