La exigencia de certificado de empadronamiento puede estar escondiendo en realidad otras causas distintas a la lucha contra el fraude, sin que haya que descartar que pueda haber personas que, efectivamente, aún conserven en su DNI una dirección insular que les sirve para viajar con descuento. Si nadie lo cuantifica y lo reduce todo a puras especulaciones, lo mejor es que especulemos todos. Y no descarten nada, porque si en los alrededores de la decisión está el ministro Soria, el mismo que hizo todo lo posible por que desaparecieran las bonificaciones a las tasas aeroportuarias, competencia también del Ministerio de Fomento, todo es posible. Así que, puestos a especular, ¿pretendería el Gobierno de Rajoy echar una manita a los ayuntamientos isleños en la recaudación encomendándoles de nuevo la vuelta a la póliza de cinco duros? Porque solo en un par de jornadas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se embolsó 30.000 euros, una cantidad nada despreciable si se tiene en cuenta que por menos de eso -12.000- se cargaron hasta los premios literarios de la ciudad. Otra posibilidad que se nos ocurre es que detrás de la medida de los certificados de residencia se encuentre realmente la intención de Soria de humillar a los ciudadanos de Canarias inventando una supuesta bolsa de fraude que, insistimos, nadie ha logrado cuantificar con rigor y que, llegado el año 2013 o 2014, cuando recale por aquí como mesías investido candidato a presidente autonómico, logre del Gobierno -que para entonces acabará de abandonar- regresar a la situación anterior, la del DNI. Esperaremos pacientemente el desenlace, porque ya verán que como no se retraiga la demanda viajera, el dinero asignado no alcanzará, y veremos al Gobierno rebajando el 50% al 33% anterior, y así, sucesivamente.