Con un par de años de retraso pero con la fotografía para la posteridad, ya tenemos colocada la primera piedra del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Ya les adelantamos que traerá retranca la contratación, adjudicada por José Miguel Ruano a la UTE formada por Fomento de Construcciones y Contratas y Santana Cazorla. Y la traerá porque tal ajudicación ha molestado a Antonio Castro Cordobez, consejero de la obra pública canaria, que entiende que ese proyecto, de 80 millones de euros, debía haber estado coordinado con las adjudicaciones en carreteras. Ya se sabe, para que no se vean unas empresas con mucho y otras con poco. Lo cierto es que un primer informe daba ganador a Dragados y un segundo a Fomento, pero nadie pidió un tercero ni un cuarto, así que Fomento con Santana Cazorla estarán en esa obra de primera necesidad. Y hablando de empresas constructoras grandes, se espera el alunizaje de Corsam-Corvian, empresa grande en la Península y pequeña en Canarias, y cuyas diferencias aquí y allá quiere reducir Ferraz. Directamente Ferraz.