Es de común aceptación que el que hizo la ley hizo la trampa, y que el que hizo el Plan General siempre tendrá la opción de echarle la culpa al cha-cha-cha, lo que en lenguaje técnico se traduce como “errores materiales”. A ese clavo ardiendo se han agarrado el grupo de Gobierno y el jefe del equipo redactor del Plan General para explicar lo ocurrido. Lo malo es que en los archivos del Ayuntamiento figuran al menos dos escritos del verdadero propietario de los famosos 200 metros cuadrados clamando por una solución a esa parcela, que se la habían declarado espacio libre en el plan cuando el hombre hasta llegó a tener licencia de obra en su día, lo que también ha de constar en las oficinas municipales. Ninguno de los escritos del propietario fue contestado por el Ayuntamiento, que ahora pretenderá alegar ignorancia y tratará de arreglarlo por la vía del dinero, es decir, expropiando al ciudadano, o sea, pagando los contribuyentes una cesión que debió haber hecho el promotor, al que se le han otorgado mayores aprovechamientos en su edificio. Chesa y Alduán señalan a Jorge Rodríguez, ex concejal de Urbanismo, como colaborador necesario en este nuevo engendro urbanístico municipal. Rodríguez, hombre fuerte del PP canario, tiene un despacho al que acuden muchos promotores para que les eche una mano. Tiene una bien ganada fama de gran conseguidor, lo que sólo quiere decir eso.