Hay que ver cómo son las cosas en la política canaria. El caso Tindaya vuelve por sus fueros, pero en esta ocasión en boca de quien menos cabría esperarlo, el marqués. Porque cuando estalló el escándalo, González Arroyo no estaba precisamente entre los que pretendían que se depuraran responsabilidades por un asunto que jamás se aclarará del todo. Corría el mes de julio de 2000, y el Parlamento de Canarias era una olla a presión. Una comisión de investigación (fitetú, qué quimera) había arrojado tres dictámenes de conclusiones distintos, y el más duro contra el Gobierno CC-PP fue el que elaboró un crítico perenne, Javier Sánchez-Simón, por entonces portavoz parlamentario del PP. Estas conclusiones levantaban por los aires la gestión de altos cargos de Coalición Canaria, pero según algunas apreciaciones internas, dejaba tocados a algunos ex altos cargos del PP del periodo 1993-1999. Y el PP se rompió por primera vez.