No deben preocuparse los coleccionistas de pelotazos de la Comunidad de Canarias, que el del Islote del Francés lo tendrán completo y desmenuzado, para una mejor comprensión. La jugada es sencilla: aquello no vale nada (o casi nada si hubiera expropiación) pero el empresario Jaime Cortezo pide 60 millones de euros, 10.000 millones de las desaparecidas pesetillas. Pero son los papeles, algunos de ellos con membrete de la Administración de Justicia, los que hablan de modo más elocuente que nosotros: Sentencia firme de la Sala del Contencioso Administrativo de 19 de octubre de 1993 que anula el Plan General de Arrecife y que declara los terrenos del Islote del Francés suelo urbanizable. Aún anulado ese Plan General observamos que si eso sucede en 1993, en 1988, cuando se publica la Ley de Costas, el suelo no podría ser urbano y por ello es de aplicación la servidumbre de protección de 100 metros. Como dice la coplilla, Jaime, arrejálate p'atrás.