El auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ordenando la reapertura de la investigación de las amenazas a Luis del Río es una pieza que no deja en muy buen lugar a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que “vulneró preceptos constitucionales”, en concreto el derecho al secreto de las comunicaciones de Mónica Quintana. Pero, además, el fiscal provincial cometió ese atropello aún habiendo recibido de la Policía un oficio en el que se le pedía que solicitara autorización judicial para recabar de Telefónica los datos privados de la línea que se utilizó para enviar ese correo. Y no contento con esa actuación, fue la fiscalía quien ordenó la detención de Mónica Quintana y su puesta a disposición judicial venticuatro horas después. Y, para colmo de males, una vez el juez se percató de la nulidad de las actuaciones de la fiscalía y acordó el archivo de la causa, el Ministerio Público recurrió fuera de plazo. Ahora nos encontramos con unas diligencias de investigación anuladas por vulneración de derechos fundamentales, incluida la entrada y registro efectuada en casa de la detenida, esa sí con autorización del juez, pero realizada a partir de unas pruebas ilegítimamente obtenidas.