Ante esto de la corrupción más bien habría que buscar un reglamento, un tope, ajeno a la marcha de los asuntos ante la Justicia, entre otros motivos porque no todos los comportamientos corruptos están en manos de la Justicia ni conviene forzar eso de la judicialización de la política para retratar a los espabilados. La sociedad quiere de sus políticos un comportamiento íntegro, honrado, decente, que necesariamente no ha de estar premiado con la santidad. La sociedad, por el contario, no quiere políticos sinvergüenzas, que se aprovechan de sus cargos, que benefician a los amigos o los familiares, que dan la espalda a sus compromisos, que castigan a los más débiles. Da lo mismo que esos comportamientos no estén tipificados en el Código Penal, la gente sabe lo que es moralmente admisible y lo que es corrupción. Por eso no sirve la distinción entre imputado o no imputado; entre pendiente de condenar o condenado; entre condenado en primera instancia o en firme, entre regalar una lata de anchoas o unos trajes... Si la conducta ha sido impropia de un representante público, fuera de la política. ¿Quieren nombres y casos probados y, en ocasiones reconocidos? Vamos allá.