Vicente Garrido ha dicho que la detención de Santana Cazorla fue ajustada a la Ley y que lo que ocurre con muchos empresarios es que no tienen ni pajolera idea de lo que es la legislación procesal española. Ni falta que les hace, añadimos nosotros con una pizca de mala uva, porque hasta ahora se creían intocables y porque, a partir de que terminó la impunidad, los más caraduras se han unido en torno a Soria y al Canarias7 para darse calorcito y protegerse de presentes y/o futuras tormentas judiciales. Si por algunos fuera, promoverían la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suspender determinados delitos (el tráfico de influencias, la prevaricación, el cohecho...) y prohibir que, a partir de una determinada cantidad dotada en la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), un empresario no pueda ser detenido ni imputado por cualquiera de los mencionados ilícitos penales. Ya les hemos dado una idea: que Soria lo proponga a través del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.