Resulta preocupante y generador de alarma social que la Audiencia Provincial revoque al juez Pamparacuatro y al fiscal Stampa una prisión provisional de esta enjundia. Porque María Isabel Déniz no es una detenida de segundo nivel: fue alcaldesa de Arrecife cuando supuestamente se desarrollaron una gran parte de las operaciones corruptas que se investigan en ese Ayuntamiento; es hermana de la viceconsejera de Justicia, juez en excedencia, que también ha sido llamada a declarar en calidad de testigo por un sospechoso viaje a Marruecos pagado por uno de los empresarios detenidos. Y, a mayor abundamiento, la ahora liberada es sospechosa de haber sido receptora de información sensible acerca de las detenciones que se iban a producir en el marco de la operación Jable, una hijuela destacada de la mentada operación Unión. Únase a esta concatenación de sospechas la decisión del juez Pamparacuatro de sacar del sistema Atlante, controlado por la Consejería de Presidencia y Justicia, las actuaciones de la operación Unión ante el temor de que se estuviera deslizando información por alguna rendija indiscreta y ya tienen ustedes un collage magnífico de la fortuna que atesora María Isabel Déniz para ser en una imputada de muchos quilates.