La decisión mayoritaria tomada este lunes por la Caja de Canarias dejó algunos efectos colaterales. Dado lo ocurrido con posterioridad, ha quedado en pura anécdota el papel desempeñado por el socialista Augusto Brito, quien asegurando que ejecutaba órdenes de José Miguel Pérez, tuvo sus más y sus menos con asamblearios del PSOE tras su apasionada defensa de la gestión de la dirección de la entidad en este y en otros asuntos. Sin embargo, lo más llamativo llegó desde Zaragoza con la fulminante destitución del director general de la Caja Inmaculada (CAI), al que se cepillaron por aceptar sin más que la sede del Sistema de Protección Institucional (SIP) que han abrazado las tres entidades tenga por sede Madrid. Aquí ha ganado cuerpo la tesis de que al director general de La Caja se le resquebrajan los apoyos, incluido el de Román Rodríguez, que abrazó en su día los postulados del PP sin acordarse de aquella máxima familar que asegura que el que con niños se acuesta meado se levanta.