Cuando Bañolas dice que él no hubiera hecho el reparto del plus de productividad de la manera que lo hicieron los dos altos cargos del PP que le hacen comulgar con piedras de molino un día sí y el otro también se refiere a dos cuestiones. De un lado, a que en los tiempos que corren, con recortes drásticos en las retribuciones a todos los funcionarios, parece bastante peregrino gastarse 660.000 euros en gratificaciones repartidas de modo arbitrario. Pero, de otro, Bañolas se refiere también a que en el reparto arbitrado en el Servicio Canario de Salud resultaron premiados algunos funcionarios que nada tuvieron que ver con la inspección de bajas por incapacidad laboral, y que, como ocurre con toda arbitrariedad, quedaron fuera los que sí debieron ser primados. Y no lo dice solamente el consejero porque, que sepamos, hay ocho inspectores médicos o asimilados que han impugnado el reparto por haberse quedado fuera del mismo. Nosotros sabemos al menos de dos que se lo llevaron crudo sin tener arte ni parte: un ex gerente hospitalario y un candidato municipal del sureste grancanario que trata de arrebatarle la hegemonía a un alcalde muy veterano.