No sabemos si es lo que quieren los implicados en presencia o si les viene muy mal. Pero lo cierto es que el caso Góndola, por el que se investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de Mogán, va camino de eternizarse sine die. Como recordarán, la causa se abrió hace ya cuatro años y pico y ha tenido en su tramitación detenciones tan sonadas como las del alcalde de ese municipio, Francisco González; su mano derecha, Onalia Bueno, o el empresario Santiago Santana Cazorla, al que, según su versión, se le echaron encima tres policías en plan mosqueteros en el aeropuerto de Gran Canaria. Y la cosa se eterniza, decíamos, porque la segunda juez que instruye la causa, Mónica Oliva, anda concursando a las plazas que quedan vacantes en Las Palmas de Gran Canaria, a donde se marchó también el primer instructor, Alexis Reyes, actualmente en un juzgado de familia de la capital, con denegación expresa de la comisión de servicios que solicitó para concluir una investigación que empieza a oler a rancio.