El asombro de una parte de los consejeros de la Radiotelevisión pública canaria todavía les duraba este jueves, cuando contaban lo ocurrido allí. El más cabreado, como casi siempre, era Miguel Guerra García de Celis, consejero por Nueva Canarias, que no sólo se opuso al proyecto de radio pública en las actuales circunstancias, sino que fue uno de los tres consejeros que votó en contra de una nueva prórroga del contrato de suministro de contenidos en favor de Socater, que esa es otra (y van para tres años de prórroga). El director general, Santiago González, que cumplía órdenes concretas, llegó al consejo con los deberes hechos: una serie de acuerdos del Consejo de Gobierno con un presupuesto asignado de 65.000 euros para constituir la sociedad radiofónica y con los estatutos ya redactados para que se aprobaran en plan junta general universal. Se armó la pelotera porque el PP se oponía frontalmente y el PSOE llegaba al consejo con el voto dividido, como dividido está el partido en esta cuestión, según se pregunte por el asunto en Tenerife o en Gran Canaria.