Ya está incorporado con normalidad a su despacho el presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, absuelto por el Supremo del delito de negociación prohibida a funcionario público por el que había sido condenado por el TSJC. Lo hizo con un boato inesperado, excesivo y arriesgado si se tiene en cuenta que aún está pendiente de que el Consejo General del Poder Judicial resuelva su expediente disciplinario, abierto por cuatro presuntas faltas muy graves. Quizás fueran esos los motivos que llevaron al Ministerio Fiscal a no destacar al despacho de Antonio Castro Feliciano, donde se celebraron los fastos, a ninguno de sus máximos representantes. No hay que olvidar que el Fiscal General de Canarias, Vicente Garrido, fue durísimo en su informe de calificaciones sobre el comportamiento del provisionalmente rehabilitado magistrado. Y casi estamos seguros de que no ha cambiado ni su opinión ni sus consideraciones jurídicas.