El sueño de cualquier gobernante chavista: controlar las competencias de todas las administraciones con una sola decisión y canalizarlas todas a través de un solo conducto. Eso es lo que ha conseguido el Gobierno de Canarias con la exaltación de la empresa pública Gesplan, de la que les venimos hablando desde hace unos días. Sumen a lo ya publicado la imposición que ha hecho el Gobierno de Paulino Rivero a los ayuntamientos, particularmente al de San Bartolomé de Tirajana. Es muy sencilla, a la par que perversa: la Ley de Medidas Urgentes permite al Ejecutivo aprobar cualquier proyecto de remodelación de inmuebles ya existentes por la vía de la declaración de interés general, sin sujeción alguna al planeamiento municipal o insular. Es a posteriori cuando los ayuntamientos o los cabildos han adaptarse a esa nueva realidad. Hasta ahí poco que reprochar, que ya se sabe que esperar por ciertos planes es cuestión de tres años y conseguir que alguien invierta es ahora mismo un notición. Doce proyectos ya están en marcha a través de esta modalidad, doce promotores que, de repente, se han encontrado con una imposición inesperada: hay que hacerlo todo a través de Gesplan. Es decir, que cuando un promotor quiere acogerse a las medidas urgentes y remodelar su complejo turístico ha de someterse a la servidumbre tiránica de una empresa pública, porque de lo contrario... Ya les adelantamos que van a pasar todos por el aro. Como si los estuviéramos viendo.