La misma oferta que RIU rechazó

No tardaremos mucho, ya lo verán, en desentrañar todos los detalles de la acción penal promovida por el presunto empresario Cristóbal García Marichal contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria. La Provincia sigue desgranando detalles que este mismo viernes seguramente se complementarán con los SMS que le dirigiera durante algún tiempo Elena Bravo de Laguna, hija de José Miguel, para hablarle de sus asuntos. Nosotros también hacemos nuestras indagaciones, hablamos con gente del entorno del denunciante y reforzamos nuestras tesis de que aquí algo huele a chamusquina. Por ejemplo, resulta muy revelador que la oferta de negocio que el grupo Lopesan rechaza a Rodríguez Marichal le fuera elevada primero por él a la cadena RIU, que le contestó de inmediato que no con el argumento de que ellos no se dedican a centros comerciales, sino a hoteles. Tras el no de los hermanos Riu, pronunciado por la abogada del grupo Águeda Borges, el contacto que tenía y sigue teniendo Marichal con los mallorquines, el presunto empresario corrió a Lopesan a proponerle lo mismo, y lo hizo a través del despacho de los Bravo de Laguna, de ahí los SMS que hoy seguramente veremos corriendo de boca en boca. Como les dijimos ayer aquí mismo, la cadena canaria rechazó sus pretensiones por demasiado onerosas, lo que condujo a Marichal a la cólera y a preparar esta medida de estrategia jurídica y mediática para reventar el tramo final del expediente por el que se pretende declarar Bien de Interés Cultural el Oasis de Maspalomas.

“Cristóbal habla mucho”

Ganan peso las sospechas de que la cadena mallorquina RIU está detrás de Rodríguez Marichal en esta acción contra José Miguel Bravo de Laguna. Los mallorquines lo niegan, naturalmente, pero en el entorno del denunciante se sabe que ha mantenido diversos contactos con la abogada del grupo, Águeda Borges, y que ha presumido desde noviembre pasado de la acción que pensaba entablar. “Cristóbal habla mucho, más de la cuenta”, reconocía este mismo jueves una persona muy allegada a él. “Es muy echado p’adelante y desde hace tiempo sabíamos que iba a ir contra Lopesan por haberle dicho que no a la operación que le propuso”. La estrategia ha sido mucho más sibilina que lo que Marichal pueda diseñar jamás: en lugar de ir exclusivamente contra el grupo hotelero canario, sus asesores le aconsejaron disparar por elevación para acusar al presidente del Cabildo de una operación de connivencia con Lopesan para reventar la imagen de ambos y hacer decaer por impopular el Bien de Interés Cultural (BIC) que se tramita sobre el entorno en el que los mallorquines quieren imponer un hotel que destroza el palmeral del Oasis de Maspalomas.

Un abogado en contra de su cliente

La denuncia es endiablada porque, siendo cierto que Rodríguez Marichal ha sido cliente del despacho de Bravo de Laguna y que firmó contratos de asesoramiento con el hoy presidente del Cabildo, cierto es que ambas cosas se produjeron antes incluso de que se supiera que iba a ser candidato a presidir esa Corporación. Es más, de ser veraces los documentos publicados ayer por La Provincia, fechados en junio de 2010, en los que aparece una recompensa económica a Bravo de Laguna en el caso de conseguir convenios urbanísticos favorables al centro comercial Oasis de Maspalomas, estaríamos ante el delito imposible: el BIC que ha tramitado el Cabildo imposibilitaría esos convenios y, por lo tanto, la consecución de los objetivos y de los incentivos pactados. Del mismo modo, es conveniente recordar que el BIC objeto de este conflicto no es el que solicitó formalmente Lopesan al Cabildo: la empresa de Eustasio López pidió la protección de una parte concreta del Hotel Maspalomas Oasis, y el que se tramita es de un rango muy superior, tiene que ver con la visita a la zona del descubridor de América, y afecta a todo el oasis y su zona de influencia. Tanto es así, que el mismísimo promotor privado del expediente ha recurrido lo de Colón ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. No obstante, es necesario que el presidente ofrezca explicaciones públicas a la Corporación, desmenuce los detalles, explique (hasta donde el secreto profesional le permita), en qué consistieron sus acuerdos con Marichal, a quién representaba entonces, y si en algún momento mantuvo alguna negociación privada con él desde que accedió a la presidencia del Cabildo. Porque, como siempre hemos defendido aquí, una cosa son las responsabilidades jurídicas que pudieran derivarse de una acción penal (a esta, desde luego, le vemos muy poco recorrido) y otras bien distintas son las políticas, que se sustancian en este caso en el pleno de la Corporación. Pero, en ningún caso, Bravo debe rendirse ante el intento de los denunciantes y sus instigadores intelectuales de hacer decaer el expediente de protección de una zona muy sensible de Gran Canaria.

Águeda Montelongo, la viga

Ha tardado demasiado tiempo en abrirse la instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que no está precisamente sobrecargado de trabajo, pero por fin ya hay causa penal abierta contra la parlamentaria canaria del PP Águeda Montelongo. La crónica la tienen hoy en el periódico y sirve para desnudar por completo a una dirigente política que hace tiempo debió abandonar la primera línea para dedicarse a otra cosa. No es de recibo que quien un día sí y otro también acusa descarnadamente al director general de Radiotelevisión Canaria de malversar fondos públicos tenga que responder ya en sede judicial (nunca lo hizo ante la opinión pública) del desvío de dinero del Patronato de Turismo de Fuerteventura para pagar viajes y cuchipandas a altos cargos de su partido de visita partidaria en la isla de la que era consejera de Turismo. Y no porque no pueda ser muy criticable la gestión de Willy García al frente de la cosa, sino porque para estar en condiciones de superioridad moral para ejercer la oposición, al menos hay que tener limpio el expediente en la misma materia que se pretende acometer. Es altamente recomendable recordar todos los pormenores del caso Patronato, porque entre los beneficiados por la generosidad de la señora Montelongo está el actual secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, y ese dechado de virtudes teologales llamado Manuel Fernández, nuestro cada día más divertido profesor Cojonciano.