Nuevo meneito a la agilidad administrativa de LPGC

Empieza a ser un clamor la falta de personal cualificado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde faltan técnicos, jefes de sección y de servicio capaces de gestionar una ciudad de casi 400.000 habitantes con todos los problemas de las grandes capitales y los medios técnicos y humanos de un pueblo con luz eléctrica. Los sucesivos gobiernos municipales, con la necesaria complicidad sindical, no han sabido (o no han querido) hacer otra cosa que colar personal por la puerta de atrás, sin una relación de puestos de trabajo (RPT) que respondiera a las necesidades de cada departamento, lo que lógicamente ha conducido a una plantilla inflada pero caótica. Sumen a eso los errores de los políticos y de la propia plantilla, que también los comete, lo que se traduce en desmotivación y desolación, en departamentos que sencillamente no funcionan por falta de personal. Algunos fallos judiciales recientes y la tramitación de explosivos expedientes están haciendo aflorar esas carencias de modo cuasi dramático. Analicemos dos ejemplos: los expedientes abiertos en relación a las más que sospechosas obras del plan Zapatero, o Feile, y la reciente sentencia de un tribunal de lo contencioso-administrativo dando la razón nada menos que a Isolux ante el quebranto producido por sus famosísimos y fallidos módulos de desalación.