La investigación puesta en marcha por el Cabildo vino, por lo tanto, a coincidir en el tiempo con la abierta en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, cuya titular, Victoria Rosell, declaró secretas las actuaciones en la confianza de que ningún papel se estaba moviendo en la Corporación insular. No sólo no fue así, sino que con el devenir de la instrucción se ha ido detectando que los diligentes funcionarios del Cabildo que instruyen el expediente interno han llegado incluso a solicitar pericial caligráfica para determinar la autenticidad de la firma de un bancario de una muy mediterránea caja de ahorros con epicentro en Gáldar. La juez debe andar flipando a estas alturas y quizás por eso hace algunas semanas que decidió levantar el secreto que pesaba sobre las actuaciones, al tiempo que se estará preguntando qué les faltó a los instructores administrativos para mandar a detener a los sospechosos.