Es una pena que al presidente de Canarias se le ocurran las cosas que se le ocurren, pero peor es que no haya nadie que se le acerque y le diga al oído lo que dice la Ley. El presidente canario trata de sacudirse de encima, una vez más, el escándalo de los casinos, como si en lugar de haberlo iniciado el Consejo de Gobierno que él preside, fuera una decisión adoptada en una instancia muy lejana, como por ejemplo, la Asociación de Vecinos de El Batán. O la del Toscal. Los especialistas en Derecho se echan las manos a la cabeza cuando escuchan a miembros del Gobierno, incluido su presidente, circunscribir el escándalo a las decisiones de la consejera de Presidencia y Justicia, cuando es de conocimiento general que las decisiones del Consejo de Gobierno son colegiadas y que si un tribunal termina tumbándolas, los responsables son todos sus miembros.