La Justicia ha vuelto a dar este viernes una mala noticia al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene que devolver el solar de la calle Pavía, el señalado con el número doce, a sus originales propietarios, la familia Reyes. O compensarles económicamente, lo que nos pone a hablar de 30 millones de euros en adelante. Llámennos pesados, anden, pero debemos volver a situar el inicio de esta pelotera urbanística en la etapa de José Manuel Soria y su sucesora al frente del Ayuntamiento, Josefa Luzardo. La cosa tiene todos los ingredientes para pensar mal, aunque visto lo visto, lo mismo es ineptitud y no interés por beneficiar a unos propietarios a los que se les puso a tiro la gran operación de su vida. No parece que haya que sospechar nada raro por el hecho de que los Reyes sean la familia política del que fuera concejal de Urbanismo con Soria, Juan José Cardona. Hemos indagado y es cierto incluso que en el seno de ese clan hay serias y enconadas diferencias. Pero, en cualquier caso, estamos ante un disparate urbanístico antológico, muy propio de quienes se creyeron que la ciudad era suya, y las leyes, adaptables a sus caprichos y a los pelotazos de los amigotes.