Salvo imponderables de última hora, como alguna cuestión que plantee el imputado para conseguir una aplazamiento (algo por otra parte muy habitual en él) este viernes comparecerá nuevamente en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana el empresario Santiago Santana Cazorla. La juez decana, Almudena de la Rosa Marqueño, le va a interrogar por la supuesta comisión de los delitos de apropiación indebida y de administración desleal, este último presuntamente cometido de manera continuada. Además de Santiago Santana Cazorla, comparecerán ante su señoría como imputados su hermano Manuel y el director general del grupo empresarial Anfi Internacional, Arturo Ramírez, destinatarios todos ellos de la querella que interpuso la parte noruega de la compañía en el preciso instante en el que se le llenó la cachimba tras descubrir que se habían volatilizado de manera presuntamente sandunguera nada menos que 8,6 millones de euros. Las acusaciones no son baladíes, ni formuladas por un quítame allá esas pajas, porque se trata de empresarios que, al ejecutar esta acción penal, ponen en riesgo la credibilidad comercial y bancaria del grupo Anfi y la estabilidad de una empresa que cuenta con 700 trabajadores, lo que conduce automáticamente a pensar que hay fundamento. Al admitir la querella a trámite y abrir diligencias penales, la magistrada ha hecho suyas la mayoría de peticiones de los querellantes, como la de recibir testimonio como testigos de directivos de la compañía y reclamar documentación que pudiera acreditar, o en su defecto desmentir, las acusaciones de apropiación indebida y de cambalaches contables en los que hubieran podido incurrir los querellados. Ha quedado pendiente de lo que ocurra este viernes la imposición de medidas cautelares, como la de exigir a los hermanos Santana Cazorla el depósito de una fianza de 9 millones de euros y al director general del grupo, Arturo Ramírez, al que se acusa de colaborador necesario en “el saqueo”, de otro medio millón de euros para hacer frente a responsabilidades civiles.