Si se corrigen las deficiencias detectadas en la valoración de la compraventa de Las Teresitas y se fija un precio ajustado a la Ley, bastaría con que las partes compensen las diferencias para que la operación se convalide y pase a tener bendiciones legales. O sea, que si milagrosamente se hace desaparecer el pelotazo, que es lo que al fin y al cabo denunciaba la fiscal María Farnés Martínez en su querella, la causa que investiga la magistrada Bellini quedaría bastante resentida. El resultado sería un Miguel Zerolo bendecido por lo contencioso y con ventajas en lo penal, y unos terrenos que mantendrían titularidad municipal y, encima, con devolución de un dinero que se pagó de más por vaya usted a saber qué milagros santacruceros. Pero es que la sentencia del Supremo habla de nulidad de la operación en su conjunto (“contrato de compraventa contrario al ordenamiento jurídico”, según el fundamento jurídico 13º), y no de “nulidad de los actos preparatorios”, en versión TSJC. Es decir, de propiedad pública del bien, nada de nada, que se devuelvan las perras y vuelta al principio. Esperamos con ansiedad la opinión del magistrado Rafael Fernández Valverde, ponente de la sentencia del Supremo que anuló la compraventa en su totalidad. Estará encantado.