Nada nuevo que añadir al método escogido por CC y PP para reformar el catálogo de especies protegidas en Canarias, la proposición de Ley, que convierte al Parlamento en cámara de blindaje frente a las posibles intromisiones de la ciudadanía, bien a través de las Universidades o la comunidad científica, bien ante órganos como el Consejo Consultivo de Canarias. Se desterraba la fórmula utilizada hasta ahora, el decreto ley, que permite la verdadera participación ciudadana y el control y fiscalización de las decisiones. Pero, ¿quién iba a decir a los canarios que, de improviso, la fórmula del decreto volvería a ser propuesta en el pleno de este miércoles nada menos que por el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel? Pues sí, lo hizo para colar las exigencias de los herreños, que veían cómo el nuevo catálogo, en su afán desproteccionista, no tomaba en consideración la existencia de siete ecosistemas distintos, y desclasificaba con cierta lógica en una isla lo que en otra era una aberración natural. Verbi gracia, el lagarto de Salmor. En una dura carta de Tomás Padrón, los proponentes se tragaban el sapo de reproches tales como haber orillado a la Comisión General de Cabildos o las competencias que en materia ambiental. Y rápidamente improvisaron dos soluciones.