En todo el lío que se montó este jueves, la guinda a tanto despropósito la puso José Manuel Soria, como no podía ser de otro modo. El presidente del PP, que es técnico comercial del Estado (Dios nos libre y guarde si todos tienen los mismos conocimientos) vino a decir que si el Ministerio de Fomento acudió al Consejo de Estado ha sido porque “lo de la revisión de oficio del concurso no lo han tenido claro, porque si lo hubiesen tenido claro, bien que lo hubiesen anulado”. Como muy bien ha indicado un sabio lector, cualquiera que se preocupe lo más mínimo de lo que tiene entre manos sabe que existe la obligación legal, establecida en el artículo 102.1 y 2 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, según la cual, para declarar la nulidad de un acto administrativo o de una disposición general es ineludible solicitar el previo dictamen favorable del Consejo de Estado o, en su caso, de órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. A la hora de cerrar esta edición no hemos podido confirmar si Soria es un ignorante, si se hace el ignorante o si quiere hacer ignorantes a los canarios. Cuando lo sepamos, paramos la rotativa para contarlo.