Nuevo episodio de tribunales en torno al Ayuntamiento de Mogán, como pueden ustedes leer en la sección correspondiente de esta misma edición. Hay políticos -concejales- declarando en calidad de testigos, y unos técnicos haciéndolo como imputados. Ya les hemos contado aquí en alguna ocasión cuán frágil es el funcionamiento democrático en ese Ayuntamiento, no ya por episodios vividos por los representantes de los ciudadanos, sino también por la cantidad de poder que en ocasiones se residencia en despachos de funcionarios. Las decisiones han de ser siempre de los políticos, sin duda, que han de apoyarse en la preparación, profesionalidad e imparcialidad de los funcionarios, que también tienen derecho a equivocarse, faltaría más. Y cuando un funcionario de la base se equivoca en su informe, ha de ser su inmediato superior el que le reconvenga y modifique el dictamen hacia los términos más ventajosos para el interés general y la legalidad. En Mogán no está cubierta la plaza de jefe de los servicios jurídicos, pero sabemos de la competencia de la secretaria de la Corporación, Gracia Pedrero, que en otras ocasiones sí ha dado el do de pecho en defensa de esa legalidad y buen hacer. Pero cuando pintan bastos, al parecer, se aplica la teoría del mochuelo, consistente, como todo el mundo sabe, en irse de rositas amparándose en la firma de otros. No parece muy correcto que digamos.