La indignación contra la dirección de Sanidad ha sido colosal. Muchos funcionarios se han quejado públicamente de que se les haya estado grabando sin su consentimiento (sic), sin colocar los correspondientes carteles de advertencia, y en unas dependencias destinadas al ocio. La otra parte insiste en la legalidad de la medida y en la incontestable justificación de la misma: encontrar pruebas que avalaran una denuncia por supuesta violación. Otra cosa distinta es que pueda haber funcionarios que teman haber sido grabados haciendo algo distinto a invitar a café a un compañero o compañera. Para calmar los ánimos hemos de decirles que tanto la dirección del departamento como la empresa de seguridad han confirmado que la cámara se retiró de inmediato, una vez se obtuvo la prueba que se pretendía.