“Asiste la razón a los querellantes cuando entienden que el auto de 12 de julio puede contener elementos que no se ajustan plenamente a la legalidad constitucional y ordinaria”. “El auto dictado el 12 de julio no se acomoda suficientemente a la ortodoxia exigible a un juez tutelador de derechos y libertades”. “No aparece justificado el aserto contenido en el auto de que se han cometido delitos contra la propiedad intelectual con la entidad necesaria para amparar un auto que puede afectar a derechos fundamentales”. Estas que acaban de leer son frases recogidas en el auto de sobreseimiento por el que se archivan provisionalmente las diligencias penales abiertas contra la juez María de los Ángeles Zabala, titular de Instrucción 6 de Telde, que en julio de 2010 autorizó a la Guardia Civil de Guía la entrada y registro de tres emisoras de radio de esa ciudad tras una estrambótica denuncia de un reponedor de mercancías de hipermercado que las acusaba de delitos contra la propiedad intelectual. La denuncia procedía del entorno del partido político (por llamarlo de algún modo) AFV-Ciuca, que pretendía el doble propósito de cerrar la emisora municipal, Canal Telde, e infligir un daño severo a otras dos que competían con la que es de su titularidad, Radio Aventura, especializada en cargar contra el alcalde y el grupo de gobierno teldenses. Como es habitual cuando el denunciante es esa agrupación de pulso y púa, la denuncia recayó en el juzgado de la señora Zabala, que emitió un auto que dio pie (o pata, según se mire) a que la Guardia Civil entrara en tales emisoras como elefante en cacharrería y cortara por las buenas sus emisiones, arramblando con ordenadores y equipos destinados a esos menesteres. El Ayuntamiento denunció ante el TSJC, pero ese órgano ha archivado con un tironcito de orejas a la magistrada a la espera de la próxima hazaña.