No han aprendido nada. El clamor popular contra la clase política por hacer y deshacer a su antojo y por torcer las reglas del juego hasta convertirlas en un guiñapo no parece haber calado entre determinados dirigentes públicos, que se despachan sin miramientos las sentencias a mayor gloria de lo que les dicta la entrepierna. La reciente resolución del Tribunal Constitucional cargándose de un plumazo las prerrogativas otorgadas a los cargos no electos ha sido encajada por las instituciones canarias más afectadas como si el lío no fuera con ellas. Lejos de ofrecer a los ciudadanos una solución eficaz y públicamente ejemplarizante han optado directamente por el engaño: ¿que no puede haber concejales o consejeros no electos?, pues los nombrados coordinadores generales y a escupir a la calle. La pirueta es una verdadera tomadura de pelo al Tribunal Constitucional, es decir, a la Constitución, y una confirmación de que nos gobiernan auténticos sátrapas. Y lo que es peor, encima creyéndose los más listos de la clase por la solución adoptada, como si la equivocada fuera la Constitución y no ellos amoldándola a sus intereses. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria son las dos instituciones canarias con más cargos no electos incorporados a funciones reservadas a concejales y consejeros de elección directa por los ciudadanos. La solución ha sido nombrar a los afectados “coordinadores” o “coordinadores generales”, mantenerles sus atribuciones y sus retribuciones y pasar su firma a consejeros o concejales de autoridad reconocida por la Carta Magna. Es decir, transforman a cargos de gobierno en cargos directivos olvidando los autores de la trapisonda la legislación vigente en la materia y los acuerdos propios de la institución donde se ejecuta el atropello.