José Manuel Soria debió ordenar al delegado del Gobierno, Antonio López, la máxima contundencia contra el periodista señalado como responsable de los mensajes, que al parecer, eran enviados desde un ordenador. Y López, que nunca pudo con Soria, transmitió el encargo al comisario Ballesteros, próximo jefe de seguridad de la Autoridad Portuaria, donde trabaja Teresa Cruz. A partir de la orden a Ballesteros se sucedió una larga serie de disparates, abusos y desmanes contra los derechos fundamentales que acabaron como el rosario de la aurora. Tanto es así que para investigar unos mensajes anónimos a un móvil de una periodista entonces de la Cope, se puso en marcha nada más y nada menos que la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado), a pesar de que los agentes intervinientes se identificaron en el primer momento como miembros de la unidad de delitos informáticos.