Pero no se crean que solamente tiene mala venta política lo que hizo este martes el Gobierno con la Televisión Canaria. Tampoco parece que tal decisión pueda tener mucho encaje jurídico porque precisamente la ley de los terceros canales prohíbe taxativamente que se externalicen los servicios informativos, que es exclusivamente lo que pretende que se haga este Ejecutivo. De ejecutarse la orden del Consejo de Gobierno, Canarias sería la única comunidad que tendría que ocuparse de la producción y suministro de programas y de la explotación publicitaria de su canal autonómico de televisión. Suponemos que la próxima decisión será sustituir a Daniel Cerdán como director general de la cosa porque, además de desautorizado, no lo vemos en condiciones de soportar la situación de presiones a la que va a ser sometido para echar una mano a los perdedores naturales del concurso.