Resulta curioso observar cómo algunos agentes del Cuerpo Nacional de Policía incumplen la ley cuando tratan de hacerla cumplir. En el caso del periodista Gorka Ramos nos encontramos con dos ingredientes que coincidieron también en la detención practicada el 4 de julio pasado en el parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria a uno de los indignados acampados. La Policía se llevó a los calabozos a Rafael Casanova y lo acusó de un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad por pretender conocer el número de placa del agente que lo zarandeaba y lo expulsaba de la caseta en la que dormía y por, acto seguido, hacerle una foto ante la negativa del policía a identificarse. La policía trató de arrebatar el teléfono móvil al detenido, a quien envió a un juicio inmediato de faltas del que quedó absuelto porque, según la juez que lo juzgó, “en un estado democrático de derecho no toda orden de un agente debe ser acatada ciegamente en pro del principio de seguridad”. Y el policía quería que no le hicieran fotos tras negarse a mostrar la numeración de su placa que debía lucir en su uniforme de modo visible. La juez añadió en su sentencia que el derecho a la información no es privativo de los periodistas y que Rafael Casanova no cometió ningún delito al pretender fotografiar con su móvil el desalojo del campamento de San Telmo y al agente que se negaba a identificarse. La fiscalía, que pedía multa de 180 euros, recurrirá. Y seguramente también la Abogacía del Estado. Veremos qué pasa en Madrid con el periodista detenido en similares circunstancias.