No nos lo queríamos creer y debimos hacerlo. Una vez, estando en Mogán, Rajoy dijo que, al fin y al cabo, el alcalde de esa localidad grancanaria no había robado ni matado a nadie, y por lo tanto, no había lugar a su defenestración. Y Paquirrín González, imputado por más de media docena de presuntos delitos en la operación Góndola, siguió ejerciendo. Y no sólo eso, fue confirmado como cabeza de lista en las siguientes elecciones y sostenido como presidente local del PP en Mogán. Asesinar, o ser presunto implicado en un caso de asesinato, parece ser la única causa de fuerza mayor que obliga al PP a apartar de la militancia a sus cargos públicos. Le ha ocurrido al alcalde ilicitano de Polop, Juan Cano, acusado de estar en las claves del asesinato de su predecesor, Alejandro Ponsoda, justo en el momento en el que Rajoy prepara su revolucionario código ético, cuyos preceptos se cierran en dos: amarás a tu partido sobre todas las cosas y no robarás si no es para financiarlo.