Parecía increíble que sucediera, pero ha sucedido. Un político en activo ha dado un paso en la línea del cumplimiento de los estatutos de su partido y en la dirección de la pulcritud que los ciudadanos cada día exigen con mayor contundencia a sus representantes. Lo ha hecho Aurelio Abreu, que en un comunicado ha anunciado que renuncia a su acta de senador para “dedicarse de lleno” al Cabildo de Tenerife. La realidad es otra bien distinta. A Yeyo Abreu le han tenido que echar agua caliente desde su partido, el PSOE de Tenerife, que hace ya un par de comités insulares instó a sus cargos públicos a cumplir escrupulosamente la máxima “una persona un cargo”. Y Abreu, que es vicepresidente del Cabildo de Tenerife en un pacto con Coalición Canaria, ha visto ahora la oportunidad perfecta para hacerlo. Tras la marcha voluntaria de Ricardo Melchior y el ascenso de Carlos Alonso, el ex alcalde de Buenavista ha optado por la Corporación insular quizás con la vista puesta en tener una nueva oportunidad en 2015 sin ese muro electoralmente infranqueable que era el ya ex presidente. Pero aplicada sobre la testa de Aurelio Abreu esa incompatibilidad estatutaria que casi nadie cumple, la dirigencia del PSOE tinerfeño, con el otro Abreu (Javier) a la cabeza, aporrea los dedos contra la mesa a la espera de que otros altos cargos hagan lo mismo. Y exactamente hay otros tres casos en igual situación, es decir, vulnerando el mandato estaturario: Ana Guadalupe Mora, concejala de El Rosario y concejala del Cabildo; Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora y diputado regional, y Francisco Hernándes Spínola, consejero de Presidencia y diputado regional. Y es en este último dirigente, a su vez vicesecretario general, donde se concentran todas las miradas en estos momentos.