Nadie va a discutir aquí la legalidad de las resoluciones emanadas del TSJC durante el mandato de Castro, pero sí que admiten crítica los modos de conducirse del alto tribunal. Que al alcalde de Santa Cruz de Tenerife se le escondiera en la biblioteca cuando acudía a declarar ante la Sala de lo Civil y Penal en calidad de imputado por el caso de Las Teresitas obligaría a dispensar igual tratamiento a todos los detenidos e imputados que cada día acuden a los juzgados canarios. Archivar en tan sólo seis días una frustrada investigación sobre Adán Martín por su intervención en el caso de las camas turísticas para Santana Cazorla y tardar más de dos meses en saber si Soria era aforado en el caso de sus mentiras en el Parlamento, dan una medida más del grado de protección que tienen determinados personajes relacionados con el poder en el TSJC. De vergüenza el auto que archivó estas actuaciones, que se limitaron a investigar a la Autoridad Portuaria en lugar de al denunciado.