El Cabildo de Gran Canaria abre el plazo de inscripción en el censo para la retirada del amianto en viviendas

El Cabildo de Gran Canaria ha abierto el plazo para inscribirse en el 2º censo insular para la retirada del amianto en viviendas. Desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre se podrán apuntar todas las personas que en cuyos domicilios haya elementos no estructurales con amianto, tales como bidones, planchas onduladas, jardineras o tuberías. La inscripción podrá realizarse presencialmente en el registro insular o mediante formulario online.

Con la información obtenida, el Cabildo organizará una segunda campaña insular de retirada del material comúnmente conocido como uralita de cada vivienda censada, de manera ordenada, progresiva y definitiva, ha explicado la corporación. Una vez inscrito en el censo y finalizado el plazo de inscripción, la retirada no será de forma inmediata, ya que se procesará toda la información obtenida, para dimensionar económica y técnicamente el servicio e iniciar un procedimiento de licitación pública para contratar a una empresa especializada para su retirada, ha expuesto.

De esta manera se le da continuidad a la primera campaña, que se está ejecutando en estos momentos. Durante todo el año 2021, esta recogida gratuita para el ciudadano, va a retirar mediante una empresa especializada el amianto de cada una de las 193 viviendas censadas, repartidas entre todos los municipios de Gran Canaria.

Hasta el momento se han retirado los elementos de 51 viviendas de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria (45), Santa Brígida (4), Teror (1) y Telde (1) para  los que se ha destinado un presupuesto de 345.000 euros.

Este material está prohibido desde el año 2001, pero en muchas viviendas de la isla todavía existen elementos con amianto. Aunque no es peligroso mientras se encuentre en buen estado, cuando empieza a deteriorarse hay que retirarlo, ya que al ser fracturado o desmenuzado forma fibras microscópicas que suponen un riesgo para la salud al ser inhaladas. Por eso es importante que no sea retirado ni manipulado por particulares ni personas no especializadas, recuerda el Cabildo. 

Además, el abandono o vertido incontrolado de estos materiales supone una infracción medioambiental muy grave, pudiendo dar lugar a imposición de sanciones económicas que pueden ir desde 30.050,61 hasta los 60.101,21 euros.