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El agua pone a la cumbre grancanaria en pie de guerra: agricultores y colectivos piden la declaración de zona sobreexplotada

Majuelo de Tejeda. En esta zona de la cumbre de Gran Canaria nacen las aguas que se trasvasan hacia Las Palmas a través del Túnel de La Mina.

Don José Perera mira hacia la ladera que soporta la mole del Bentayga y sus ojos pícaros se iluminan con un brillo de nostalgia. A sus setenta y pico años ya ha visto muchas épocas de lluvias y de sequías, y asegura que lo que está pasando en los últimos tiempos no es normal. “Hace ya más de veinte años que La Merchora no revienta”, le recuerda Cristóbal Sánchez, actual secretario de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera. Hoy, aquel verdadero maná no es más que un pequeño punto verde en la ladera que se intuye gracias a un modesto bosquecillo de carrizos. “Aquella fuente sí que echaba agua pa fuera sin tino”, rememora Perera. “Eran otros tiempos. Uno tenía un trozo de tierra para plantar y un par de animales y era rico”. “Cada cuatro o cinco años la fuente reventaba haciendo un ruido como de escopeta”, añade Sánchez. “Aquello debía ser por el aire que está dentro de las grietas de la montaña. Hacía ¡pam! y sabíamos que la isla estaba llena de agua”. Ahora ya son más de veinte años sin el estampido de La Merchora. Los agricultores de la cumbre aseguran que la isla se seca. Según nos cuentan, el nivel medio de los acuíferos insulares ronda los 700 metros de altitud sobre el nivel del mar y Gran Canaria roza los 2.000 metros en el Pico de Las Nieves. En las cumbres de la isla hablan de explotación incontrolada de los acuíferos a través de pozos y galerías que se llevan las aguas que deberían correr por la cuenca de Tejeda y La Aldea hacia las zonas agrícolas del norte y los complejos turísticos del sur. Un problema, apuntan, que no sólo tiene un reflejo obvio en los campos agostados. También es la causa principal de la sangría poblacional. Cristóbal Sánchez pone como ejemplo la sequía que azotó la zona entre 2000 y 2003. “Sólo en la Mesa de Acusa se fueron 70 familias y se perdieron todos los cultivos. No quedó nada. Si la cumbre no dispone de agua la gente se tiene que ir. Y esto es solo un ejemplo de lo que ha pasado en los últimos cuarenta años". Según la serie histórica de datos del Instituto de Estadísticas de Canarias (ISTAC) los municipios cumbreros han sufrido una merma de gentes constante. Los datos se remontan hasta el 2000 y reflejan un descenso del padrón del 33,2% para Artenara y del 26,5% para Tejeda. Si nos vamos un siglo atrás, el éxodo ronda el 80%

La Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera es una agrupación que nuclea a varias decenas de colectivos, asociaciones y grupos vinculados al territorio cumbrero. A medio plazo piden un cambio profundo del articulado de la Ley de Aguas de Canarias para garantizar el acceso al recurso a precios razonables. Y para ya la declaración de la zona como espacio sobreexplotado. “El Cabildo tiene la competencia para declarar la emergencia hídrica y evitar que el agua de la cumbre vaya para otro lado”, sugiere Antonio Díaz, presidente de la organización. “El agua sale de La Mina y llega hasta la costa con precios en torno a los 16 ó 17 euros la hora mientras que en zonas como Juncalillo sale a 30. A los agricultores nos hacen imposible poder cultivar no sólo por el precio del agua; al estar el subsuelo desprovisto de su humedad natural hay que regar a vientre seco -lo que supone mayores cantidades- porque la propia tierra se chupa toda el agua en un segundo. Esto es inviable. No podemos seguir así”, insiste.

En el Consejo Insular de Aguas aseguran que no hay una situación que amerite la declaración de zona sobreexplotada. “Con los datos en la mano no se justifica la declaración de emergencia hídrica”, afirma con rotundidad Carmelo Santana, nuevo gerente del organismo. “Esta situación es algo absolutamente importante como para saberlo y comunicarlo desde el minuto uno. Y a día de hoy lo que me trasladan los técnicos es que no tenemos ese contexto”, sentencia. Según los datos de los que dispone el Consejo, las demandas de agua de la isla se sitúan en torno a los 156 hectómetros cúbicos de agua al año. Unos 72 hectómetros provienen de la extracción de aguas subterráneas y el resto se cubre con desalación y reaprovechamiento de aguas depuradas. Desde el Cabildo se reconoce esa deuda histórica con la zona y el mismo Antonio Morales anunció hace escasos días, durante la presentación de un plan de inversiones hidráulicas para la cumbre, el fin de un "sistema por el cual el agua extraída en las zonas altas acaba en las zonas bajas de la isla”. Según el presidente grancanario, este nivel de explotación ha provocado un proceso de “descensos importantísimos en el nivel freático y el empeoramiento de la calidad de las aguas subterráneas, por efecto de la intrusión marina provocada por ese desequilibrio”.

La agricultura utiliza el 42,34% del agua que se consume en la isla superando al abasto público (37,03%) como la principal fuente de demanda. Y este peso del sector primario, advierten desde el Consejo Insular de Aguas, ayuda a crear una percepción individualizada sobre el problema. “Todo depende mucho de la zona de la que se sea, de las necesidades de cada uno y de la disponibilidad que tenga de ese recurso hidráulico”, aclara Carmelo Sánchez. “Son demasiadas variables que se unen a la complejidad que tienen los sistemas de aguas, no sólo en lo que respecta a Gran Canaria; definir así, en una forma general, esa circunstancia para mí es temerario”, comenta en relación a la petición de la declaración de Sobreexplotación. Según el gerente, el problema se genera a través de experiencias personales de acceso al recurso. Una circunstancia que nos lleva a otra de las particularidades del sistema hídrico insular: el régimen de propiedad y gestión.

Pozos, aguatenientes, derechos adquiridos desde hace siglos… Una de las instituciones en el punto de mira de la sociedad cumbrera es la Heredad de Aguas de Las Palmas, Dragonal, Bucio y Briviesca. Esta comunidad de regantes que agrupa a unos 300 comuneros está formada por propietarios de tierra con agua y desde 1501 gestiona el caudal que se desvió desde la Cuenca de Tejeda a la del Guiniguada a través del túnel de La Mina (una de las obras hidráulicas más importantes del siglo XV en todo el Reino de Castilla). Esta institución es la encargada, a través de “derechos adquiridos, reconocidos y legalizados”, de la gestión, distribución y venta del agua que sale de La Mina y del resto de pozos y nacientes propiedad de los comuneros. Gilberto Hernández es directivo de la Heredad y asegura que muchos de los mitos y fobias que genera la institución se deben al desconocimiento sobre su funcionamiento y a la desinformación. “Más de la mitad del agua de la Heredad se queda entre San Mateo y la cumbre”, puntualiza y destaca que cuando cualquier agricultor de la zona lo solicita “se le da agua y no hemos tenido problemas salvo en años muy secos en los que no ha habido para nadie”.

En 2019, por ejemplo, Hernández informa que “aquí abajo (en alusión a la zona baja de la isla) no llegó una gota del agua desde arriba”. “Lo que se hizo fue dejar el agua de San Mateo para arriba y comprar agua al Consejo Insular para repartir en zonas de Medianías y en el Barranco del Guiniguada”, indica. El problema actual radica en la combinación de varios factores que explican esa escasez ejemplificada en el caso paradigmático de La Mina. “Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de aguas fósiles acumuladas durante miles de años que se han explotado durante siglos. Y lo segundo es que el acuífero no se recarga igual porque desgraciadamente llueve mucho menos que antes”, dice Hernández. “La Mina está en un lugar muy alto en el que estas dos realidades inciden más. Hay datos de los años 40 y 50 que hablan de caudales de 50 litros por segundo y ahora estamos entre 8 y 10. También el nivel de explotación de las aguas subterráneas ha subido mucho a lo largo de este último siglo y en alguna ocasión hemos tenido pleitos por pozos de los que sospechábamos tenían catas ilegales”, explica.

Los pozos son una de las variables que con más insistencia se señalan como causa de la falta de agua en la zona. Según denuncian desde la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera, en la isla hay unas 4.000 explotaciones en total, “y a lo sumo la mitad están registradas”. Los datos del Consejo Insular de Aguas muestran una situación más controlada con 2.423 explotaciones en situación regular y 1.086 fuera de registro. “Ahora mismo se está realizando una batida importante de comunicaciones a todos los dueños de diferentes pozos” explica el gerente. Desde el Consejo se realizó un inventario que no sólo recoge el número de explotaciones sino también su estado. “Hay algunos pozos que están abandonados y hemos hecho comunicaciones a todos los posibles partícipes para que identifiquen el pozo determinado y en qué condiciones se encuentra; si es un pozo que está abandonado se tienen que hacer las acciones oportunas para cerrarlo”, explica Carmelo Santana.

“La cumbre no se muere de sed y de hecho sale mucha agua del centro de la isla hacia el sur para regar campos de golf y surtir hoteles”, discrepa Honorio Galindo, presidente de El Turcón Ecologistas en Acción (según los datos oficiales el turismo y los campos de golf consumen el 8,17 y el 3,2% de los recursos hídricos). “El asunto es otro. Si el agua no se deja dónde se produce se puede llegar a tener necesidad de ella. Pero hay de sobra. El problema está en que le quieren sacar y le están sacando lo habido y por haber”. El veterano ecologista indica que el problema de “emergencia hídrica” que se vive en la cumbre es una mera cuestión de gestión y pone como responsables directos al Consejo Insular de Aguas y al “egoísmo de las heredades”. El “estado agónico del Barranco de La Mina” es el resultado de décadas de “sobreexplotación de los acuíferos e irregularidades”, opina. Y pone como ejemplo la última alerta del colectivo sobre el entubado de los nacientes de La Minilla y del Molinillo -Caldera de Tejeda-.

La denuncia, interpuesta el pasado mes de julio ante el Consejo Insular de Aguas, el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, alega la “posible existencia de un ilícito penal” en la canalización de estos dos nacientes y la construcción de varias infraestructuras. Según el texto, existe “la posibilidad de pretender instalarse por parte de la Heredad (en relación a la Heredad de Aguas de Las Palmas, Dragonal, Bucio y Briviesca) de un entubado del naciente de La Mina en dirección al lugar de trasvase de las aguas de la Cuenca de Tejeda a la Cuenca del Barranco de la Mina”. Este tipo de obras, añade, “deben ir acompañadas de una autorización administrativa que lo habilite y amparadas por informes de impacto medioambiental”.

Hace escasas semanas, el Cabildo de Gran Canaria anunciaba obras de conducción de aguas por un valor de 446.000 euros para facilitar el riego en los barrios cumbreros de La Culata y Timagada, en una primera fase, y La Higuerilla y Las Moradas, en una segunda. Esta actuación, añadía la información de la institución insular, aliviaría las necesidades de agua de un total de 16,6 hectáreas de cultivo. Pero desde El Turcón no se fían. “Yo entubo el agua y lo primero que se me ocurre para darle un marchamo de legalidad es, a través del Cabildo, sacar una partida presupuestaria muy elevada para sacar el entubado y alegar públicamente que el agua se destinará a riegos”, intuye Honorio Galindo. Desde la Heredad capitalina se responde con firmeza a esas acusaciones afirmando que “Eso no tiene nada que ver con nosotros”. Gilberto Hernández, directivo de la comunidad de regantes aludida, explica que “la Heredad tiene los derechos desde hace más de 500 años de las aguas que transcurren por el túnel que va hacia el Barranco de La Mina” y que “cualquier actuación fuera de este ámbito no tiene nada que ver” con esta institución. Cuando se les pregunta por esas obras que aparecen en la denuncia de El Turcón exponen que “hay que preguntar al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Tejeda. Porque nosotros no tenemos nada que ver con nacientes que no nos corresponden”.

10 millones en obras para revertir el trasvase histórico

Y desde el Consejo Insular de Aguas confirman sus palabras: “Hay una apuesta por parte del Cabildo para expandir todo lo que tiene que ver con redes para abastecer de riego a todas las zonas de la cumbre. Se está preparando un ambicioso plan con el concurso del Consejo Insular de Aguas y la Consejería de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria. No sólo para el sur de la Caldera de Tejeda sino para otras zonas de la cumbre”, anuncia el gerente del organismo. Aquí entra en juego el Salto de Chira-Soria, esa mega infraestructura que pretende subir agua desalada hacia la cumbre para generar energía eléctrica: los excedentes de agua se destinarían, según las previsiones y anuncios oficiales, al riego agrícola. El Gobierno insular anunciaba hace escasas fechas que usará el canon anual que Red Eléctrica Española pagará por la explotación de las presas (6,4 millones de euros al año) en abaratar el suministro de riego en la zona cumbrera. “el Salto de Chira va a permitir que el agua que se va a mandar arriba para llenar las presas esté a disposición en cotas altas, que no es lo habitual. La idea es aprovechar esa infraestructura para darle un segundo uso y que sea útil para la agricultura”, señala Carmelo Santana. En este sentido, desde el Gobierno insular se ha anunciado un ambicioso plan de inversiones dotado con casi diez millones de euros para llevar el agua a todos los rincones de Tejeda, Artenara, San Mateo y los altos de Gáldar. El Salto de Chira-Soria, aseguran, sumará más de 700.000 metros cúbicos de agua anuales a los campos sedientos. Pero desde la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera no se fían: “La propia Red Eléctrica Española dice que sólo se destinarán a riego agrícola los sobrantes del agua que se bombee; pero el uso industrial y energético se pone por encima del agrícola. Eso, al final, no nos resuelve nada. Es lo de siempre: usar los recursos cumbreros para solucionar los problemas de la costa”, lamenta Antonio Díaz.

¿Hay agua? ¿No hay agua?

Carlos Soler es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, experto en Hidrogeología y exjefe de Planificación e Hidrología de la Dirección de Aguas del Gobierno de Canarias. Lleva más de cuatro décadas trabajando en las islas a las que llegó de casualidad y en las que sintió verdadera fascinación por nuestra cultura del agua. Él fue, sólo para poner un ejemplo, el que descubrió el Acuífero de Timanfaya –Lanzarote-, en “un lugar donde todo el mundo decía que no podía haber agua”. Así que de esto sabe un rato. Y cuando se le hace la pregunta no lo duda. “Agua hay de sobra. Lo que no hay es una gestión coherente y responsable”. Según señala Soler, muy crítico con la gestión de los consejos insulares, “la estrategia de la sobreexplotación es una excusa para seguir instalando desaladoras” e incide en que el futuro del agua en las islas “no pasa por la desalación”. “Tenemos una historia de 170 años buscando agua y la desalación no solo traiciona esa herencia, sino también nos hace dependientes de tecnologías extranjeras y de la quema de combustibles fósiles”.

El ingeniero reconoce que el agua escasea en las zonas altas de la isla, pero culpa de ello a que “se hicieron pozos y galerías al tuntún y sin ningún orden”. “Los pozos se han llevado por delante más de 5.000 nacientes en las cabeceras de los barrancos de Gran Canaria. Y la consecuencia es que una isla que era un vergel y cuyos barrancos corrían hasta el mar tenga problemas. Si hormigonáramos todos esos pozos, el agua volvería a salir en poco tiempo”, pronostica. El ingeniero asegura que la solución pasa por concentrar las explotaciones mediante la combinación de pozos y galerías horizontales en el tercio inferior de la isla para recoger “todo el agua que se va hacia el mar”. “No es una ocurrencia mía”, aclara, “es simplemente aprovechar más de 170 años de experiencia de los propios canarios en la gestión de sus recursos hídricos”.

Pozos y galerías; galerías y pozos… Son el argumento recurrente de las gentes de la cumbre para explicar porqué no hay agua en la zona. “La marquesa de Arucas abrió un pozo en la Degollada de Las Palomas y cortó todas las nacientes de El Rincón, la Era del Llano y todo desde ahí para abajo”, expone Cristóbal Sánchez, de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera. “Hasta principios del siglo XX, el agua llegaba de año a año a La Aldea de escorrentía. Desde El Rincón y La Mina. De esas dos fuentes llegaba el agua a La Aldea y se repartía en dulas. Y desde toda la zona de Cueva Grande se llevaba el agua hasta la zona de Las Palmas por el Barranco del Guiniguada. Es una realidad constante en la que la cumbre reparte agua para la zona de La Aldea y también para Las Palmas. Creo que toda la isla tiene una deuda con la cumbre”.

La polémica Ley de Aguas de Canarias

Para Honorio Galindo el problema tampoco radica en la falta de agua sino en la gestión de los recursos existentes y en el desaprovechamiento sistemático de las aguas depuradas. “La Ley de Aguas nacional contempla que se pueda dar agua regenerada a la población en periodos de estrés hídrico grave. ¿Si me vale para esos momentos, porqué no me sirve para todos los días?" El veterano ecologista asegura que ahora sólo se regeneran correctamente el 30% de las aguas tratadas y la gran mayoría de estos caudales acaban en el mar. “El problema es que no interesa meter esa agua dentro del caudal que pueda utilizarse porque obligaría a los aguatenientes a bajar los precios. Si regeneráramos el 80% del agua que usamos tendríamos agua suficiente para regar y soltar agua en los barrancos a diferentes alturas y volver a convertir la isla en un vergel”. Desde la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera aluden a la Ley de Aguas como responsable de “un uso especulativo” para un bien público. “Con la Ley de Aguas la privatización efectiva permite la especulación con un bien de titularidad pública: con este sistema sólo se beneficia a los plataneros y a los tomateros”, polemiza Antonio Díaz.

Los inicios de la Autonomía fueron años convulsos en los que hubo que armonizar leyes, usos y costumbres pre democráticos a la nueva realidad política. El agua fue uno de los frentes de batalla más encarnizados. La Ley de Aguas nacional de 1984 pregonó la titularidad pública de este bien fundamental. Y la ley autonómica de 1987, con el socialista Jerónimo Saavedra como presidente, incidió en este tema limitando a 15 años las concesiones privadas. Fue el inicio de un agrio debate que concluyó en 1990 con la aprobación de la actual Ley de Aguas de Canarias. Entre 1987 y 1990 se desencadenó la llamada Guerra del Agua y se produjo un cambio de gobierno (presidido por Fernando Fernández y, posteriormente Lorenzo Olarte ambos de la desaparecida UCD). La nueva ley ampliaba ese plazo de concesión hasta los 75 años como salvaguarda de las cuantiosas inversiones privadas realizadas a lo largo de los siglos. El concepto clave que explica esta privatización de facto del agua es el de ‘derechos adquiridos’. “El acceso al agua en Canarias se ha logrado gracias a la iniciativa privada. Hasta la construcción de las grandes presas, que son del Cabildo de Gran Canaria, todas las infraestructuras de captación, canalización y distribución han corrido por cuenta y riesgo de la iniciativa privada: pozos, galerías, acequias... Y la Heredad sigue invirtiendo dinero en el mantenimiento de instalaciones, el acondicionamiento de tuberías, en canalizaciones, tecnificación y estaciones de telecontrol para aumentar la eficiencia y minimizar las pérdidas”, comenta Gilberto Hernández.

La Heredad de Las Palmas, Dragonal, Bucio y Briviesca tiene un presupuesto anual aproximado de 300.000 euros y “aquí no se reparten beneficios”, asegura Hernández. “Todo el dinero que se recauda se destina al pago de nóminas del personal y en obras de mejora y mantenimiento de las infraestructuras. La Heredad está compuesta de propietarios de tierra con agua y el principal beneficio que tiene el integrante es el acceso del agua para sus fincas. Y no hay más. Y cada comunero también tiene que pagar por ese mantenimiento y por la gestión. Hay que abrir, cerrar, pagar las infraestructuras, la electricidad, el mantenimiento de pozos…”, aclara el directivo. En el otro lado del tablero están los ecologistas y los vecinos del lugar que entienden que esos 75 años de concesión son excesivos y no se justifican. “Tal y como está la situación medioambiental de la isla, esta situación no se puede permitir y entendemos que esas inversiones están ya más que amortizadas”, disiente Honorio Galindo, de El Turcón. “Las aguas de Canarias deben ser declaradas públicas. Y ahí se empezarían a arreglar los problemas”, finaliza. 

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