Las personas en situación de infravivienda, entre las más expuestas a la crisis climática en Canarias
La vivienda digna es aún una tarea pendiente en Canarias. 16.000 personas viven en barracones, chabolas o dependencias prefabricadas y otras 83.000 en estado de hacinamiento en casas de menos de 15 metros cuadrados según el último informe Foessa sobre exclusión social.
Un estudio de la Comisión Europea sobre la adaptación al cambio climático en las islas añade una dificultad más: los isleños en situación de infravivienda están entre los grupos de población más vulnerables a los impactos de la emergencia climática. Las olas de calor, que cada vez son más frecuentes y duraderas, dañan los materiales de construcción, debilitando las infraestructuras no solo de los hogares, sino también de “hospitales y transportes”.
En el caso de las ciudades, el estudio apunta que las altas temperaturas provocan un descenso de la comodidad, riesgos en la salud y un aumento del consumo de energía de enfriamiento, por ejemplo en los aires acondicionados para quienes disponen de ellos. En el ámbito laboral, las olas de calor “reducen la productividad”.
Las personas mayores son un colectivo indefenso ante la crisis climática. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento, los problemas cognitivos como la demencia, el uso de medicaciones, las enfermedades, el bajo nivel de hidratación, vivir solo o tener viviendas en mal estado componen el caldo de cultivo para desarrollar dolencias relacionadas con las olas de calor. Además, la Comisión Europea destaca que en las islas se han registrado 13 muertes prematuras durante estos fenómenos meteorológicos.
En Canarias, al aumento desmesurado de las temperaturas se suma la contaminación del aire y el polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara. Las oleadas de calima que llegan a las islas tienen lugar especialmente en invierno y en verano. Sin embargo, las concentraciones han aumentado desde 1980 y el cambio en las estaciones y en la meteorología permiten que puedan darse otros episodios puntuales durante el año.
Las consecuencias socioeconómicas de ambos fenómenos son el “aumento de los accidentes” ante la reducción de la visibilidad que afecta a los aeropuertos y a los servicios de transporte, las enfermedades respiratorias, cuadros de ansiedad, aumento de alergias y presencia de microbios en el aire. Ante esto, algunas de las propuestas que incluye el análisis son diseñar medidas tecnológicas para reducir las emisiones, incentivar el transporte público o utilizar fuel más limpio.
Las zonas turísticas de Tenerife, las más contaminadas
El volumen de vehículos y la actividad de la antigua refinería de Tenerife han convertido a la capital de la isla, Santa Cruz de Tenerife, y a la ciudad histórica de La Laguna en las áreas más contaminadas. Le siguen algunas localidades del sur, como Candelaria, Arafo y Güímar. Por último, las áreas más turísticas: Arico, Arona y Granadilla. De este modo, el clima limpio y natural que busca en las islas el turista también está en riesgo. El estudio de la Comisión Europea concluye que más de 418.000 residentes y visitantes están potencialmente expuestos a múltiples riesgos vinculados al cambio climático, ya que el 53% de la población vive en las zonas metropolitanas y un 34% en los puntos turísticos.
Las olas de calor, la polución y la calima han dejado efectos mortales tanto en la población como en el entorno. Los incendios forestales que han sufrido las islas en los últimos años, con los fuegos de la cumbre de Gran Canaria de este verano como ejemplo más reciente, son y serán cada vez más frecuentes y salvajes, presentando mayor dificultad para enfrentarlos ante el aumento de condiciones medioambientales adversas (temperaturas más altas, baja humedad y rachas de viento más fuertes).
La acción individual es determinante para frenar y combatir una destrucción medioambiental y social calificada en ocasiones de “irreversible”. Sin embargo, el papel político también es fundamental. La investigación determina que Canarias necesita una fuerte estructura institucional en materia climática tanto en las administraciones públicas como en las entidades privadas. Asimismo, recomienda una fuerte inversión en modelos climáticos de alta resolución que protejan al Archipiélago en general y a Tenerife en particular de sistemas de actividad sucios que exponen aún más a los territorios insulares.
En este escenario de indefensión, el estudio elaborado por los expertos Yeray Hernández-González, Ángela Guimarães-Pereira, Sergio Rodríguez, Emilio Cuevas y Paulo Barbosa plantea la creación y exploración de “escenarios de resiliencia en Tenerife” que conviertan a la isla más poblada del archipiélago en un territorio protegido de los impactos naturales antes de 2040. Según las fuentes consultadas para el estudio, estas áreas de recuperación deben seguir criterios medioambientales, sociales y económicos.
En el primer grupo, proponen un control del consumo de agua y energía y la reducción de emisiones de CO2. En el segundo, sitúan como objetivos prioritarios la reducción de las muertes prematuras, de la pobreza energética, la habilitación de más zonas verdes y una mejor atención hospitalaria ante enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por último, en el ámbito económico, el escenario debe contemplar el aumento del gasto en materia de salud, la actividad económica, el empleo, los costes energéticos y las inversiones en modelos económicos resilientes.
